La Fiscalía de Ecuador ha confirmado que los cuerpos calcinados hallados en Taura pertenecen a cuatro menores desaparecidos el 8 de diciembre. La justicia ha ordenado prisión preventiva para 16 soldados involucrados en su aprehensión. Los menores, que salieron a jugar fútbol, fueron aprehendidos por los militares y su paradero se desconoció desde entonces.
La situación ha llevado a la Fiscalía a investigar la desaparición como un caso de "desaparición forzada", lo que implica una responsabilidad del Estado en el suceso. La audiencia de formulación de cargos ha sido un momento de gran tensión, con familiares de los soldados presentes en el lugar.
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La Fiscalía anunció que los resultados de las pruebas de genética forense confirmaron que los cuerpos encontrados corresponden a los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11. Los padres de los menores habían entregado muestras de sangre para cotejar con los restos hallados.
Los menores fueron aprehendidos por los soldados cuando caminaban cerca de un centro comercial. Según los militares, los dejaron con vida en el camino hacia la base aérea, pero desde esa noche, su paradero fue un misterio. La jueza a cargo del caso ha calificado la desaparición como "forzada", lo que ha llevado a la orden de prisión preventiva para los 16 soldados implicados.
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La investigación por la desaparición comenzó el 9 de diciembre, luego de que el padre de una de las víctimas presentara una denuncia de secuestro. Al inicio, el caso fue llevado por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) y el 22 de diciembre se transfirió a la Unidad Especializada de Investigación de Uso Ilegítimo de la Fuerza.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó pruebas que sustentan la presunta implicación de los acusados en el delito investigado. Entre estas pruebas se incluyen testimonios de familiares y testigos, informes de peritos forenses e investigadores, evidencias físicas como los celulares de los acusados, registros de video, vehículos utilizados durante el operativo e informes de inspección ocular.
La investigación por la desaparición de los menores comenzó el 9 de diciembre, tras la denuncia de secuestro presentada por el padre de una de las víctimas. La Fiscalía ha presentado pruebas que sustentan la participación de los soldados en el delito, incluyendo testimonios, informes forenses y evidencias físicas. La instrucción fiscal se extenderá por noventa días, y el delito de desaparición forzada conlleva penas de 23 a 26 años de prisión.
