La reciente conclusión de una investigación sobre el Reedy Creek Improvement District ha dejado a Disney World en una posición inesperada tras su enfrentamiento con el gobernador Ron DeSantis. Este conflicto, que ha captado la atención de la opinión pública, ha revelado las tensiones entre una de las empresas más influyentes del mundo y la administración estatal.
El Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE) cerró el caso sin encontrar violaciones penales, lo que ha generado un nuevo escenario para Disney. La investigación, que se extendió por más de un año, analizó a fondo las operaciones del distrito que administraba los servicios gubernamentales para el parque temático, revelando una relación compleja entre ambas entidades.
El conflicto se intensificó en 2023, cuando Disney firmó un acuerdo que le otorgaba derechos de desarrollo por 30 años, justo antes de que DeSantis aprobara una ley que modificaba el funcionamiento del distrito. Este movimiento provocó una serie de reacciones políticas y legales que han marcado un hito en la historia de Florida.
La investigación del FDLE, que incluyó un análisis exhaustivo de procedimientos internos, comunicaciones y registros fiscales, determinó que no hubo delitos en la relación entre Disney y el Reedy Creek Improvement District. A pesar de la "difuminación de límites" en ciertos aspectos, como la presencia de un abogado que trabajaba para ambas partes, no se encontraron violaciones legales. Este resultado ha sido un alivio para Disney, que había estado bajo la lupa del gobierno estatal.
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El enfrentamiento comenzó en 2022, cuando Disney se opuso a la ley de Derechos de los Padres en la Educación, conocida como la ley “Don’t Say Gay”. Esta oposición llevó a DeSantis a intervenir en el distrito, lo que resultó en múltiples demandas entre Disney y el estado de Florida. Aunque la investigación no encontró violaciones, las tensiones políticas y económicas han dejado una huella en la relación entre ambas partes.
La reestructuración del Reedy Creek Improvement District, ahora denominado Central Florida Tourism Oversight District, y la eliminación de beneficios para empleados del distrito, como descuentos en parques temáticos, son solo algunas de las repercusiones de este conflicto. A medida que se avanza hacia un nuevo capítulo, la relación entre Disney y el gobierno de Florida sigue siendo un tema candente en la agenda política del estado.
