El Gobierno del Perú ha promulgado la Ley Nº 32223, una medida clave que otorga nuevos beneficios a los trabajadores del Contrato de Administración de Servicios (CAS) y del régimen regulado por el Decreto Legislativo 276. Esta normativa, publicada en el Diario Oficial El Peruano, introduce importantes cambios para quienes asumen encargos en cargos públicos de mayor responsabilidad.
Con este marco legal, los empleados públicos bajo estos regímenes laborales obtienen garantías adicionales respecto a su estabilidad, remuneración y reconocimiento formal durante y después de desempeñar cargos de confianza o dirección en entidades del Estado.
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La Ley N° 32223 introduce disposiciones que fortalecen los derechos laborales de los trabajadores CAS. Uno de los puntos más relevantes es el derecho a recibir la remuneración correspondiente al cargo de confianza o dirección que ocupen. Al culminar la designación, el trabajador tiene asegurado el retorno a su puesto de origen.
Además, la normativa establece la entrega de una constancia laboral que certifica el periodo en que el trabajador CAS indeterminado desempeñó el cargo asignado. Este documento es esencial para reconocer formalmente la experiencia acumulada en roles de mayor jerarquía dentro del sector público.
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Para los trabajadores del régimen laboral 276, la ley garantiza el derecho a regresar a su posición inicial al concluir un cargo de confianza o dirección, siempre que cuenten con más de cinco años de continuidad en su plaza. Este beneficio aplica tanto a servidores de carrera como a empleados bajo contrato permanente.
Asimismo, los servidores públicos que ocupen estos cargos recibirán una remuneración equivalente al nivel del puesto desempeñado, lo que asegura condiciones laborales más equitativas. Adicionalmente, también se les emitirá una constancia laboral que respalde su labor en dichos cargos temporales.
La normativa reconoce que tanto los trabajadores CAS como los del régimen 276 deben recibir una remuneración prevista para el cargo de confianza o dirección que asuman. Este ajuste busca equiparar las responsabilidades del puesto con los beneficios económicos otorgados.
Este derecho económico constituye un avance significativo, ya que valida los esfuerzos de quienes aceptan encargaturas temporales en posiciones de alto nivel.
Durante el tiempo que un trabajador CAS ocupa un cargo de confianza o dirección, su plaza de origen es cubierta mediante un contrato CAS temporal. Este esquema asegura la continuidad de las operaciones en las entidades públicas, sin afectar el derecho del empleado titular a regresar a su puesto original al término de la encargatura.
Con este mecanismo, se equilibra la estabilidad laboral del trabajador formal designado con la eficiencia administrativa, para evitar interrupciones en el desempeño institucional.
Finalmente, se establece que el Poder Ejecutivo tiene un plazo de 30 días naturales, a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley, para realizar las adecuaciones necesarias en el Reglamento del Decreto Legislativo 1057, así como en el Reglamento del Decreto Legislativo 276, que regula las bases de la carrera administrativa y las remuneraciones en el sector público.
