El Ministerio del Interior — a cargo de Juan José Santiváñez — pagará S/50.000 por la defensa del comandante de la PNP en retiro, Raúl Prado Ravines, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Prado Ravines fue sentenciado a 35 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir, y es sindicado como cabecilla del Escuadrón de la Muerte, un grupo de policías en actividad que asesinó extrajudicialmente a 33 presuntos delincuentes en Lima y provincias entre el periodo del 2012 al 2016.
Según la sentencia del Poder Judicial, a Prado Ravines se le atribuye haber dirigido intervenciones policiales simuladas con el fin de obtener incentivos en la Policía.
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De acuerdo con la Fiscalía, el Escuadrón de la Muerte buscaba tener incentivos policiales como ascensos, reconocimientos y condecoraciones. Para ello, simulaban situaciones delictivas para llevar a cabo operativos policiales destinados a atentar a las víctimas y, acto seguido, matarlas en Piura. Esto les permitía obtener cobertura mediática, mostrando "operativos exitosos y la desarticulación de una organización criminal", lo cual contribuía a mejorar la imagen de la Policía Nacional del Perú (PNP) ante la opinión pública.
Este fallo se emitió en relación con los hechos que tuvieron lugar el 27 de febrero de 2015, en la Urbanización Los Bancarios, en el distrito de Piura, donde Raúl Rivas Rimaycuna, Martin Alfredo Tello Monja, Gian Marco Fiestas Aquino y Hugo Yajahuanca Tineo fueron asesinados durante un falso de operativo policial.
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Actualmente, el programa ‘Los más buscados’ de la Policía Nacional del Perú (PNP) ofrece S/100.000 por información que conduzca a las autoridades al paradero de Prado Ravines.
El último 18 de diciembre, el Ministerio del Interior convocó a un concurso público para obtener la buena pro para asumir la defensa legal de Raúl Prado Ravines por un monto total de S/50.000. El único postor que se presentó y ganó la licitación fue Abanto Verastegui Arce Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada.
La convocatoria se basó en el Decreto Supremo N° 022-2008-DE/SG, que dispone que el Ministerio de Defensa e Interior es responsable de proporcionar defensa legal a los miembros de las Fuerzas Armadas y la PNP, tanto en servicio activo como en retiro, que estén involucrados en investigaciones por violaciones a los derechos humanos "en el ejercicio regular de sus funciones".
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De acuerdo con el artículo 5 del DS citado, la Comisión de Defensa legal del Mindef se encarga de evaluar los pedidos de los agentes policiales para su aprobación o rechazo. Además, si dicha persona es hallada culpable, deberá reembolsar el dinero otorgado a la institución que fue destinado para la asesoría legal.
La República pudo contactarse con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, para que nos pueda brindar su declaración sobre la defensa legal que asumirá su cartera sobre Raúl Prado Ravines y otros investigados por el caso Escuadrón de la Muerte y resaltó que suplir con los gastos de los abogados de los involucrados es legal.
"La defensa legal de un efectivo policial que sea incriminado en un proceso por delito de lesa humanidad es un derecho que está previsto en la ley. No conozco los pormenores de los procesos porque no es mi función, sino que depende de una comisión que evalúa la solicitud y emite la resolución viceministerial. En todo caso, como te repito, el beneficio de la defensa está en la ley desde el año 2008, y es un derecho que no se puede negar al personal policial y militar", declaró.
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Asimismo, Santiváñez destacó que, anteriormente, el excandidato presidencial y ahora presidiario Daniel Urresti se acogió a esta norma.
"Tanto así, por ejemplo, bajo ese mismo marco jurídico el exministro del interior Daniel Urresti también accedió a dicho beneficio en todos los procesos en los que he estado involucrados por la humanidad, porque como te reitero no es un favor - como creería que erróneamente quieren enfocarlo - sino un derecho que está previsto expresamente en la ley", manifestó.
