Desde noviembre, el Perú dejó de estar entre los 10 principales productores de oro a nivel mundial, según informó Nasdaq. Esta caída se da en un contexto global en el que el precio del metal ha superado los US$2.700 por onza, lo que, en teoría, debería haber impulsado la producción. Sin embargo, la realidad es más compleja y refleja años de contrabando, informalidad y falta de una gestión minera eficiente en el país.
“Se viene agravando desde la promulgación de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal en 2002”, dijo a La República Jorge Manco Zaconetti, economista y catedrático de la Universidad San Marcos.
El exviceministro de Gestión Ambiental José De Echave indicó que salir del top 10 se debe a que la minería formal no tiene la capacidad de producir más y el Estado tampoco tiene la capacidad de controlar y formalizar a la minería informal”.
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Actualmente, el ranking por toneladas métricas lo lidera China (370 TM), seguida por Australia (310 TM), Rusia (310 TM), Canadá (200 TM), Estados Unidos (170 TM), Kazajistán (130 TM), México (120 TM) e Indonesia (110 TM), que reemplaza a Perú en 2023.
En 2021, 2022 y 2023 los volúmenes de oro exportado, según el Banco Central de Reserva (BCR), y las empresas auríferas tienen una discrepancia mayor a 6 millones de onzas de oro. Esto se debe a que entre 1,5 y 2 millones de onzas de oro salen ilegalmente hacia Bolivia y Ecuador, atraídos por la falta de divisas y la alta demanda de oro como valor refugio en medio de una incertidumbre por la hegemonía entre China y Estados Unidos, la guerra entre Rusia y Ucrania, así como la crisis europea. La evidencia se encuentra en Madre de Dios, donde la producción formal reportada cayó de 500.000 onzas en 2012 a menos de 80.000 onzas en 2023. Una situación similar también se observa en Puno, donde la producción pasó de 300.000 onzas en 2012 a solo 20.000 onzas en la actualidad.
El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) refleja una realidad compleja: muchas de las concesiones registradas, suspendidas o vigentes, superan las condiciones establecidas para la minería artesanal. Ahora bien, su definición se refiere a una actividad de subsistencia. Sin embargo, encontramos pequeños mineros o ‘mineros artesanales’ que poseen varias concesiones mineras, lo cual desvirtúa la naturaleza misma de la minería artesanal, que según la normativa no debe abarcar más de 100 hectáreas.
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“Esto ha permitido que empresas formales, como Minera Poderosa del Grupo Arias-Dávila, adquieran oro de pequeños mineros bajo acuerdos que favorecen la explotación de concesiones marginales por terceros, siempre que el oro extraído sea vendido exclusivamente a la empresa”, afirmó Jorge Manco. “Con un Gobierno de escasa credibilidad, con 3% de respaldo ciudadano, las posibilidades de afrontar este problema estructural son remotas”, apuntó De Echave.
Muchos titulares mantienen las concesiones durante décadas sin realizar inversiones significativas, limitándose a la especulación y con posibilidad de renovarlas. Esta situación, sumada a la descentralización de la supervisión hacia los Gobiernos regionales, ha sobrecargado a estas instituciones.
Además, la falta de reconocimiento de los derechos de propiedad sobre las concesiones ha generado conflictos entre los titulares y los mineros informales. Este problema fue uno de los motivos por los cuales la Sociedad Nacional de Minería decidió retirarse de una mesa de trabajo convocada por la Comisión de Energía y Minas del Congreso. “En regiones como Madre de Dios, donde la extracción aurífera es intensa, los beneficios económicos no llegan a la población local”, explicó Manco.
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Frente a esta realidad, los especialistas señalaron la necesidad de reformas legales que prioricen el reconocimiento de los derechos de propiedad y promuevan inversiones sostenibles en las regiones con mayor potencial aurífero.
Desde el inicio de la producción de Yanacocha en 1993, en el Perú no ha habido grandes inversiones por proyectos auríferos. Según José De Echave, la cartera de proyectos de inversión minera está dominada por el cobre, un mineral clave para la transición energética global.
También, criticó la limitada exploración de nuevos yacimientos de oro, con solo cinco proyectos en ejecución que suman una inversión total de apenas US$28,2 millones. Entre ellos, la falta de impacto que tendría San Gabriel, en Moquegua, el cual se espera que inicie operaciones en 2025 con una inversión de US$470 millones.
