El 8 de diciembre pasado, en una confusa operación militar, cuatro menores de entre 11 y 15 años fueron capturados por un contingente de soldados y conducidos a la base aérea de Taura, un cuartel militar a 30 kilómetros de la ciudad.
Los agentes del orden en su defensa dicen que los adolescentes estaban asaltando a una joven y ellos intervinieron para detener el robo. Lo que no se explica es todo lo ocurrido luego. Los menores fueron trasladados indebidamente al cuartel, del cual habrían salido vivos, según los testimonios de los soldados.
El único testigo que los vio ese día asegura que estaban golpeados, sin ropa y uno de ellos tenía roto el cráneo. Incluso les proporcionó un teléfono para que se comuniquen con el padre de uno de ellos, a fin de que los vaya a buscar porque estaban en peligro.
Después de ese punto de referencia, el paradero de los menores es un completo misterio. Las familias exigen alguna explicación oficial y solo escuchan excusas. El 20 de diciembre, los padres de los desaparecidos recibieron una noticia impactante: cuatro cadáveres calcinados fueron hallados a poca distancia del cuartel donde habrían sido retenidos. Hasta el momento no ha sido posible obtener la identificación.
El caso ha conmocionado al país y ha tocado la fibra de la campaña de reelección del presidente Noboa. La inseguridad ciudadana en ciudades como Guayaquil está completamente desbordada y la violación de DDHH es una constante. La militarización de la seguridad ciudadana ha provocado excesos y más violencia.
Por lo pronto, las movilizaciones en Guayaquil se multiplican. La principal exigencia es la aparición de los menores y la sanción para los responsables de su indebida captura y posterior desaparición.
