Durante la conferencia de prensa del Consejo de Ministros, realizada el pasado jueves 26, el jefe del gabinete, Gustavo Adrianzén, aseguró que el Poder Ejecutivo aún no ha promulgado la ley que restituye la detención preliminar. Según explicó, la demora se debe a la falta de información necesaria para tomar una decisión sobre el tema. Esta declaración ocurre en medio de las casi dos semanas de retraso desde que la iniciativa legislativa fue remitida, lo que ha permitido que varios imputados por presuntos delitos se beneficien de la situación.
“Nos encontramos dentro de los plazos para promulgar u observar la ley que restituye la detención preliminar. El procedimiento regular establece que se soliciten consultas a todos los sectores involucrados. Aún no hemos recibido todas las respuestas y, una vez que las tengamos, las sistematizaremos y las pondremos a disposición de la presidenta para que tome una decisión”, declaró el primer ministro al ser consultado sobre las acciones del Gobierno respecto a esta figura jurídica.
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A inicios de noviembre, el Congreso impulsó la Ley 32181, que eliminó la detención preliminar en casos de no flagrancia. Sin embargo, tras recibir numerosas críticas, decidió revertir esta decisión. Aunque la norma representaba riesgos significativos, el Poder Ejecutivo no llegó a observarla.
La medida, aprobada inicialmente por la Comisión de Justicia y posteriormente en el Pleno, eliminó la posibilidad de aplicar la detención preliminar fuera del plazo de flagrancia, incluso cuando existieran indicios de elusión de la justicia. Este cambio seguirá vigente hasta que el Gobierno promulgue una nueva autógrafa que restablezca la norma, lo que permitiría a los fiscales solicitar detenciones preliminares y a los jueces ejecutarlas en dichos casos.
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Anteriormente, el primer ministro no mostraba reparos en expresar su respaldo a la detención preliminar. En 2018, cuando se le consultó sobre la detención preliminar de 10 días aplicada a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, respondió categóricamente a favor de la medida: “Yo creo que los fiscales a cargo tienen razones suficientes para pensar que la señora, en libertad, podría evadirse, obstruir la justicia o evitar colaborar”, declaró en ese entonces.
Asimismo, al ser preguntado sobre una posible fuga u obstrucción de la justicia, Adrianzén señaló: “Sí, sin duda alguna. Y esas son las razones por las que inmediatamente, para evitar que se sustraiga del alcance de la justicia, dictan la detención preliminar. No olvidemos que la señora tiene un esposo norteamericano; podrían viajar fuera del país para eludir esta responsabilidad”.
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El 17 de diciembre, tras un allanamiento en su vivienda en Pueblo Libre, como parte de las investigaciones relacionadas con el caso Qali Warma, la Fiscalía de la Nación solicitó la detención preliminar del vocero presidencial Fredy Hinojosa. Sin embargo, esto no fue posible debido a la Ley 32181, que elimina la detención preliminar en casos donde no existe flagrancia. Esta situación benefició a Hinojosa, quien logró eludir la disposición inicial del Ministerio Público.
Fredy Hinojosa, quien dirigió el programa social durante la gestión de Dina Boluarte como ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), enfrenta acusaciones por presuntos delitos de organización criminal, colusión, cohecho, entre otros. Según la investigación fiscal, Hinojosa habría desempeñado un rol clave dentro de esta presunta red ilícita durante su gestión como director ejecutivo de Qali Warma, cargo que ocupó desde marzo de 2019 hasta noviembre de 2022.
