La reciente investigación sobre el Reedy Creek Improvement District concluye sin hallazgos penales, marcando un nuevo rumbo en la relación entre Disney y el gobernador DeSantis. Este desenlace podría cambiar el panorama político y económico en el estado.
Durante semanas, el enfrentamiento entre Ron DeSantis, gobernador de Florida, y The Walt Disney Company ha captado la atención de la opinión pública. Este conflicto no solo representa un choque de poder entre dos entidades influyentes, sino que también ha generado un debate sobre la política y la economía en el estado. La investigación del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE) ha revelado que no hubo violaciones a las leyes penales, lo que podría tener implicaciones significativas para el futuro de Disney en la región.
El informe del FDLE, obtenido por el Orlando Sentinel, destaca la relación entre Disney y el Reedy Creek Improvement District, describiéndola como una “difuminación de límites”. A pesar de la cercanía entre ambas entidades, no se encontraron evidencias de delitos, lo que ha llevado a cerrar el caso tras más de un año de indagaciones.
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La investigación del FDLE abarcó procedimientos internos, comunicaciones y registros fiscales relacionados con el Reedy Creek Improvement District y Disney. A pesar de la estrecha relación entre ambas partes, el informe concluyó que no hubo violaciones legales. Sin embargo, se mencionó que Disney se benefició de la compra de pases para sus parques temáticos, un aspecto que también fue revisado durante la investigación.
El conflicto entre Disney y DeSantis se intensificó en febrero de 2023, cuando Disney firmó un acuerdo que le otorgaba derechos de desarrollo por los próximos 30 años. Este movimiento se produjo justo antes de que el gobernador aprobara una ley que modificaba el funcionamiento del distrito. En respuesta, DeSantis ordenó una investigación para determinar posibles violaciones civiles y penales, lo que llevó a un cambio en la administración del distrito y a la eliminación de beneficios para los empleados.
Las raíces del enfrentamiento se remontan a 2022, cuando Disney se opuso a la ley de Derechos de los Padres en la Educación, conocida como la ley “Don’t Say Gay”. Esta oposición provocó la intervención de DeSantis en el distrito, lo que resultó en múltiples demandas entre Disney y el estado de Florida. Aunque la investigación del FDLE no encontró violaciones legales, el conflicto ha dejado profundas divisiones políticas y económicas en la entidad, marcando un nuevo capítulo en una relación tensa.
