Durante el 2024, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha contratado dos veces la firma estadounidense de abogados Boies Schiller Flexner LLP para el servicio de consultoría sobre los peajes en la capital, tanto los administrados por Rutas de Lima como los de la Línea Amarilla. De esta manera, el burgomaestre ha invertido 5 millones 560 mil soles de la caja de la Municipalidad de Lima en consultorías para la evaluación de ambos casos. El primer contrato se consolidó en marzo de 2024, mientras que el segundo acaba de otorgarse la buena pro el 28 de noviembre del mismo año.
Si bien una de las promesas de López Aliaga durante su campaña electoral para la alcaldía fue "no más consultorías", este año se ha hecho un gasto millonario para las mismas. El reciente servicio contratado corresponde específicamente al peaje Chillón, el mismo por el que se ordenó la suspensión del cobro; sin embargo, dicha disposición se logró por el proceso que siguió la Asociación Casa Huerta Paraíso, no la MML. De acuerdo al documento, López Aliaga busca un trato directo con la concesionaria Rutas de Lima.
El caso del peaje Chillón, en el marco del contrato de concesión del proyecto "Vías Nuevas de Lima", se centra en la suspensión del cobro de tarifas ordenada por el Tribunal Constitucional y el Séptimo Juzgado Civil en 2024 debido a una vulneración al derecho al libre tránsito de los vecinos de Puente Piedra, atribuida a Rutas de Lima S.A.C.
La empresa reclamó una compensación económica de S/109.2 millones, alegando pérdidas derivadas de la suspensión, pero la Municipalidad de Lima desestimó esta solicitud, argumentando que las acciones que llevaron a la medida cautelar eran imputables al concesionario. Además, se señaló que Rutas de Lima incumplió con el mantenimiento de las vías y presentó retrasos en sus obligaciones, lo que podría derivar en la caducidad del contrato si la suspensión persiste más de 120 días.
Ante ello, la Municipalidad de Lima contrató a la firma Boies Schiller Flexner LLP, especializada en disputas legales internacionales, con el objetivo de realizar un análisis legal integral sobre los mandatos judiciales, los presuntos incumplimientos contractuales de Rutas de Lima y los posibles escenarios legales. Este servicio incluye la elaboración de estrategias de negociación frente a los reclamos del concesionario, así como la asesoría en la conducción de un trato directo que permita salvaguardar los derechos del Estado y de los usuarios del servicio.
El plazo de ejecución del servicio es de 90 días, dividido en cuatro entregables que comprenden informes legales, diseño de estrategias y asesoramiento en el proceso de negociación. El contrato tiene como finalidad 'garantizar' la defensa de los intereses de la Municipalidad de Lima y evaluar la posibilidad de restablecer el cobro del peaje bajo condiciones más claras y favorables.
En diciembre de 2024, el juez Jorge Chávez Tamariz, del Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, evaluó la solicitud del fiscal José Domingo Pérez para suspender por un año el cobro de los peajes de Línea Amarilla, administrados por Lima Expresa. La petición se fundamentó en presuntos reajustes tarifarios indebidos durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán, que habrían incrementado las tarifas de S/3 en 2013 a S/6,60 en 2024.
En marzo de 2024, la MML contrató al estudio jurídico internacional Boies Schiller Flexner LLP para brindar asesoría legal especializada en dicho caso, un proyecto de concesión de peajes que enfrenta denuncias de irregularidades en la gestión de tarifas y contratos. La consultoría, valorada en más de 2 millones de soles, tuvo como objetivo diseñar estrategias legales para afrontar posibles litigios internacionales y proteger los intereses de la comuna limeña en medio de cuestionamientos sobre la validez de los contratos firmados en administraciones previas.
La contratación se dio en un contexto crítico, cuando el Poder Judicial evaluaba suspender por un año el cobro de los peajes de Línea Amarilla, administrados por Lima Expresa, debido a presuntos incrementos irregulares de las tarifas, que pasaron de S/3 en 2013 a S/6.60 en 2024. Aunque la medida fue cuestionada por su costo, especialmente tras las promesas de austeridad del alcalde Rafael López Aliaga, la municipalidad defendió la decisión, argumentando la necesidad de contar con expertos legales para salvaguardar los recursos públicos.
