Con apenas 20 años, a Stephanie Flores le arrebataron la vida de una de las formas más crueles. Y el responsable fue la persona que había jurado protegerla y amarla: su pareja, José Falcón Gutiérrez. Stephanie, quien había sido víctima de tentativa de feminicidio en marzo del 2019, buscó ayuda, pero recibió las medidas de protección recién el día de su velorio.
Así como ella, del 2020 al 2024 (hasta noviembre), un total de 1.328.174 personas solicitaron medidas de protección, de las cuales el Poder Judicial otorgó un total de 1.038.771 y denegó 289.403.
El 2021, con 203.740 solicitudes, fue el año con el mayor número de medidas de protección entregadas. Le siguen el 2022 con 213.320, el 2020 con 207.950; el 2023 con 206.442, y 2024 con 180.319 (a noviembre).
A simple vista, con estas cifras del Poder Judicial, se podría pensar que en los últimos años las autoridades han estado trabajando para proteger a las víctimas de violencia que solicitaron medidas de protección contra sus agresores.
Sin embargo, pese a las acciones del Poder Judicial, la Fiscalía y los centros de Emergencia Mujer (CEM), nada parece frenar la violencia machista.
Y son tres las provincias que en los últimos cinco años destacan por la gran cantidad de solicitudes presentadas por mujeres amenazadas: Lima, Arequipa y Callao. El 2021 con 67.921, 12.338 y 8.789; el 2020 con 63.050, 14.319 y 8.365; el 2022 con 59.004, 14.194 y 6.527; el 2023 con 58.610, 14.886 y 6.237; y el 2024 con 44.937, 12.761 y 5.400, respectivamente.
Cabe resaltar que, según el portal estadístico del Programa Nacional Aurora, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en lo que va de este año no se ha implementado ningún CEM, siendo el 2023 la última vez que se pusieron en funcionamiento tres nuevos centros, sumando 433.
Y tal vez por ello las cifras no dejan de crecer. Este año, enero fue el mes con más medidas de protección otorgadas: 18.947. Le siguen abril con 18.828, mayo con 16.942, marzo con 16.804, septiembre con 16.225, octubre con 16.223, febrero con 15.792, julio con 15.532, agosto con 15.328, noviembre con 14.873, y junio con 14.825.
Por otro lado, este año se presentó el mayor número de medidas de protección no otorgadas por el PJ, con 77.638; seguido del 2023 con 67.926, 2022 con 56.863, 2021 con 47.590, y el año 2020 con 39.386 rechazos.
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Pero ¿son efectivas las medidas de protección? ¿Puede un simple papel evitar que un agresor viole las restricciones y ataque a su víctima en su casa, la vía pública o en el trabajo?
Hace una semana, Alberto Ezquivel atacó con un cuchillo a su expareja en una calle de Huaycán. La dejó al borde de la muerte. En este caso, ni la policía ni la justicia pudieron impedirlo.
Para la exministra de la Mujer Gloria Montenegro, si bien las medidas de protección son dictadas por el Poder Judicial, “la policía es la encargada de supervisar y controlar su cumplimiento. Sin embargo, esta institución no cumple con su función”. Según explicó en diálogo con La República, esto se debe a que “dicen que no tienen logística, no tienen patrulleros para ir a supervisar, y al no supervisar, el agresor va cuando quiere a la casa, acosa a la víctima, acosa a los hijos”.
Montenegro también señala que “es necesario un control adecuado de las comisarías para conocer cuántas supervisiones se realizan, qué irregularidades se han detectado y cuáles no se han informado, a fin de generar estadísticas que permitan mejorar las medidas”.
Asimismo, sostiene que las medidas de protección no deben entenderse solo como un trámite administrativo. Si se limitan a ser un simple formulario enviado a la comisaría, sin garantizar su cumplimiento, se estaría realizando un trabajo en vano, “es decir, ineficaz”.
Por su parte, la también exministra del MIMP Aída García Naranjo sostiene que las medidas de protección actualmente no son más que un saludo a la bandera, ya que no garantizan una protección real. Agrega que “el Estado no tiene la capacidad para generar una protección real para las víctimas”. Y considera que “existe una brecha enorme entre lo que se dice, o se escribe, y se hace o se impide”.
García Naranjo puntualiza que reducir la necesidad de medidas de protección judicial requiere una política integral para erradicar la violencia contra las mujeres, lo cual implica invertir en áreas como la pobreza, el hambre y el desempleo.
Destaca como un avance la instalación de los Centros de Emergencia Mujer en las comisarías, pero señala que “aún existen policías que incumplen con sus funciones”.
Y subraya la importancia de implementar el Plan Nacional de Igualdad de Género en el Ministerio del Interior, que debería incluir la formación, capacitación y especialización de los agentes policiales. Además, añade que “persisten protocolos que reproducen la violencia contra las mujeres”.
Finalmente, García Naranjo señala que las medidas de protección son absolutamente insuficientes mientras el Estado no tenga la capacidad de implementarlas efectivamente. Reiteró la necesidad de revisar las políticas públicas para que el Estado invierta tanto en medidas de protección como en prevención. “La mejor protección es la prevención, porque la protección se da recién al final de la cadena”.
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Según Pamela Torres, abogada y vocera de la Asociación Familias Unidas por Justicia, las medidas de protección deben ir acompañadas de atención policial para que la víctima se sienta segura y protegida.
Sin embargo, esto no sucede porque en las comisarías“no están preparados”. Con frecuencia, cuando las víctimas que tienen una medida de protección acuden a la comisaría porque el agresor la ha incumplido, se les responde: “No tenemos para la gasolina, no hay patrullero”.
Además, señala que hay una notable dilación en los trámites, lo que impide que las medidas de protección cumplan con el objetivo de garantizar la seguridad e integridad de las víctimas.
