La Comisión Permanente aprobó, en primera votación, el retorno del financiamiento privado a los partidos políticos. Resulta por demás paradójico que se haya decidido dar ese paso cuando hay varios ex presidentes y ex candidatos acusados penalmente por haber acogido como fondos de campaña, dinero proveniente de corporaciones privadas.
Estos aportes, según la opinión fiscal imperante, se otorgaban para obtener obras o facilidades para dirigir los procesos de licitación o de contrataciones futuras.
¿Qué ha cambiado ahora para que los aportes privados no constituyan una razón para sospechar de las organizaciones políticas que los reciban? Resulta difícil de entender en un contexto de crecimiento inusitado de la minería ilegal, la tala ilegal, la trata de personas y cuanto delito conectado a estas operaciones ilícitas exista.
Adicionalmente, la corrupción parece entronizarse en el sistema estatal. Casos recientemente hechos públicos como la red de Qali Warma muestran que están cada vez más implicados los malos funcionarios públicos con los malos empresarios. La posibilidad de una colaboración económica de este tipo de empresas podría consolidar estas alianzas corruptas.
El monto máximo autorizado de aporte anual se ha fijado en 500 UITs lo que corresponde a unos 2 millones 575 mil soles. Las personas jurídicas podrán realizar esta donación directamente a la organización política.
La medida no parece pensada para frenar el fraccionamiento cada vez mayor de los partidos, sino por el contrario, para alentarlo. Sin duda habrá quienes consideren que puede resultar sumamente beneficioso fundar un partido.
