Una creciente ola de inseguridad ha motivado a poblaciones mineras de Perú a tomar medidas extremas. Luego de que el pueblo de Relave, en el departamento de Ayacucho, logre en 24 horas expulsar a los extranjeros que residían en la zona, el centro poblado de Secocha, en Arequipa, acaba de sumarse a la iniciativa y ha adoptado medidas para que los migrantes abandonen el área.
La decisión, impulsada principalmente por mineros, busca combatir el aumento de extorsiones, robos y amenazas vinculadas a bandas criminales, aunque ha generado un debate por fomentar la xenofobia.
La comunidad de Relave, en la región Ayacucho, fue la primera en tomar esta decisión radical. Hace unos días, Johon Huachaca, consejero por Parinacochas, sostuvo que la medida de las “24 horas” para que los migrantes abandonen el pueblo se cumplió sin necesidad de aplicar la expulsión.
“En su mayoría, los ciudadanos extranjeros se han retirado; incluso, la población de Relave los apoyó con unidades vehiculares para que los saquen hacia la localidad de Chaca”, informó para el medio local Jornada.
Esta localidad minera, en la que operan organizaciones como la Comunidad Aurífera Relave S.A. (AURELSA), clasificada como una pequeña minería por el Ministerio de Energía y Minas, así como la Asociación de Mineros Artesanales Auríferos Relave Pullo Parinacochas Ayacucho, que agrupa a los mineros artesanales de la región, se tomó la decisión de imponer multas de S/3.000 a quienes brinden alojamiento o empleo a extranjeros.
Asimismo, se estableció sanciones para las empresas mineras que contraten migrantes. Todo ello se oficializó mediante un documento firmado por los pobladores. Sin embargo, la medida no diferenció entre personas inocentes y posibles delincuentes, y se justificó debido al incremento de la delincuencia en la zona, asociada, según las denuncias de los habitantes, a los ciudadanos foráneos.
Siguiendo el ejemplo de Relave, el pueblo de Secocha, ubicado en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, en la provincia de Camaná, en Arequipa, tomó medidas similares. Argumentando que el auge de extorsiones, asaltos y prostitución en la región minera estaba poniendo en riesgo la estabilidad económica y social de la comunidad, la Asociación de Pequeños Productores Mineros Artesanales y Contratistas Secocha Urasqui (Asppmacsu) firmó un acuerdo el 17 de diciembre.
En el documento se dio un ultimátum de 24 horas a todos los extranjeros, sin distinción de edad o sexo, para que abandonen el centro poblado. Asimismo, se estableció el cierre inmediato de establecimientos relacionados con la prostitución, cantinas y bares en el mismo plazo, así como la expulsión de cualquiera que sea considerado una amenaza para la seguridad local.
Entre las principales medidas señaladas en el comunicado se anunció la creación de una garita de control y la exigencia a los residentes y trabajadores de portar un carnet de ingreso, el cual será emitido por la Asppmacsu. Por otro lado, se advirtió la imposición de multas de S/3.000 para quienes den vivienda, brinden servicio de transporte o permitan el ingreso de personas extranjeras en los centros de trabajo del área. La iniciativa tuvo el respaldo del Comité de Labores de la zona minera.
Al no cumplirse la orden en el plazo establecido, mineros y pobladores realizaron una marcha, en la que exigieron que el 1 de enero de 2025 se cumpla la medida y no quede ningún foráneo en el centro poblado. La movilización fue violenta, con daños materiales como rotura de lunas y puertas de hostales, bares y otros centros nocturnos. Según Enfoque Arequipa, un grupo ingresó a un espacio alquilado por una trabajadora sexual, de donde retiraron una cama a la que le prendieron fuego en la vía pública.
Según datos de 2023 de la Organización Internacional de Migraciones, Perú alberga a más de 1.57 millones de ciudadanos venezolanos, convirtiéndose en el segundo país receptor más grande de migrantes provenientes de Venezuela, después de Colombia.
