La Comisión Permanente del Congreso aprobó este viernes una contrarreforma electoral que restituye el financiamiento privado de los partidos políticos y que, además, impone que los abogados de estas organizaciones y sus dirigentes sean pagados con recursos públicos.
Fueron 22 parlamentarios quienes votaron a favor de este dictamen impulsado por la Comisión de Constitución, que preside el fujimorista Fernando Rospigliosi. Solo 6 legisladores se opusieron.
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Como se sabe, el Estado financia a los partidos políticos que logran representación en el Congreso para sus gastos ordinarios y actividades de formación y capacitación.
El dictamen fujimorista agregó que esa financiamiento público de hasta el 50% para gastos ordinarios, también pueda ser utilizado para el pago de "servicios de asesoría y patrocinio legal a la organización política como a sus directivos, representantes y voceros".
En caso algunos de los patrocinados sean sentenciados, deberán devolver el dinero.
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La ley aprobada también señala que los aportes no declarados que sobrepasen las 200 UIT no serán considerados ilegales, sino que serán considerados como infracciones con responsabilidad administrativa.
Cada persona natural o jurídica podrá aportar a un partido político hasta 200 UIT por año. En caso sea a más, el tope será de 500 UIT.
El proyecto señala, asimismo, que las agrupaciones políticas no pueden recibir aportes de empresas extranjeras u organizaciones sin fines de lucro, salvo que, en caso de estas últimas, el dinero sea destinado para la formación, capacitación e investigación del partido.
La norma fue aprobada en primera votación. La próxima semana la Comisión Permanente podría ratificarla para que pueda ser aplicada en le proceso para las elecciones generales del 2026.
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El financiamiento privado de fuentes anónimas fue rechazado por la población en un referéndum en el 2018, debido a que en el caso Lava Jato se reportaron diversos casos que involucraron aportes no declarados o, como en el caso de Odebrecht, destinados a sobornar candidatos y altos funcionarios.
El Congreso ha vuelto a restituir un sistema de financiamiento que expone a los partidos políticos a ese tipo de situaciones.
