Con un déficit presupuestario que supera los 230 millones de dólares, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) enfrenta serias limitaciones operativas. Esto pone en riesgo los planes de deportaciones masivas propuestos por Donald Trump para su posible regreso al poder en 2025. Aunque la administración anterior de Trump prometió implementar políticas de deportación inmediatas, las cifras revelan una realidad compleja que podría alterar el panorama migratorio en Estados Unidos.
El actual presupuesto de ICE, que asciende a 8.7 mil millones de dólares, se ha mostrado insuficiente para cubrir sus operaciones básicas, como detenciones y procedimientos legales. Según el director interino de ICE, P.J. Lechleitner, la agencia ya opera “al límite”, enfrentando desafíos que dificultan su capacidad para procesar un promedio de 7,000 casos por agente. Este contexto subraya la dificultad de implementar nuevas políticas migratorias en 2025 sin un incremento sustancial de fondos.
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El principal obstáculo que enfrenta ICE es su déficit presupuestario, una problemática que se ha acentuado en los últimos años debido a cambios en las políticas migratorias implementadas durante la administración de Joe Biden. La agencia ha tenido que destinar más recursos para procesar un creciente número de casos de inmigrantes considerados no elegibles para asilo, lo que ha llevado a un colapso operativo.
El plan de deportaciones masivas, estimado en 88 mil millones de dólares según el American Immigration Council, requiere un aumento significativo en la infraestructura de detenciones, personal y procedimientos legales. Sin embargo, los desacuerdos en el Congreso sobre la financiación de ICE han complicado la posibilidad de obtener recursos adicionales. Este estancamiento político podría frenar la implementación de las políticas desde el "Día 1" de un eventual gobierno de Trump en 2025.
Donald Trump ha dejado claro que su agenda migratoria se centrará en reforzar las deportaciones masivas, endureciendo aún más las políticas aplicadas durante su mandato anterior. Esto incluye la expansión de centros de detención, la contratación de miles de agentes de ICE y un proceso más expedito para la deportación de inmigrantes sin documentos legales en el país.
Según declaraciones de la campaña de Trump, uno de los objetivos principales será priorizar la expulsión de individuos con antecedentes criminales y aquellos que hayan excedido el tiempo permitido en sus visas. No obstante, estos ambiciosos planes dependen de un sustancial aumento en el presupuesto del ICE, algo que actualmente no parece garantizado debido a las divisiones en el Congreso y la falta de consenso político.
Para los inmigrantes en Estados Unidos, estas dificultades presupuestarias representan un posible alivio ante la amenaza de deportaciones masivas. Sin los recursos necesarios, la capacidad de ICE para ejecutar detenciones y deportaciones a gran escala podría quedar limitada, lo que les otorga más tiempo y opciones legales para regularizar su situación.
Activistas y abogados especializados en migración consideran que esta situación es una oportunidad para que los inmigrantes busquen asesoría legal y se preparen para posibles cambios en las políticas migratorias. Asimismo, organizaciones pro derechos humanos instan a los legisladores a invertir en soluciones más humanas y eficientes para abordar los retos de la inmigración en lugar de priorizar medidas punitivas.