Entre los diversos balances de fin de año, uno que resulta urgente es el que refleja la situación de la ciudadanía frente a lo que acontece en el país, especialmente en el ámbito político. Una pregunta recurrente durante este año ha sido: ¿qué sucede con quienes no protestan ante un Ejecutivo y Legislativo que dejan mucho que desear? Sin embargo, el tema no se limita a la participación en marchas y manifestaciones; esta es solo una de las múltiples opciones disponibles para las personas ante la realidad nacional. Así como algunos optan por protestar, muchos otros consideran que no se logrará nada diferente con ello y mantienen una distancia vigilante, esperando un motivo que justifique su acción. También están quienes se agrupan para explorar y construir alternativas, y también quienes deciden desconectarse de los acontecimientos para centrarse en sus asuntos laborales, familiares o en lo que ofrezca la pantalla del celular, alejándose de la política. También están los que se van del país (especialmente jóvenes) y quienes se adaptan a la lógica del “sálvese quien pueda”. Cada una de estas reacciones, entre otras posibles, pueden tener motivos que las expliquen, pero varias amenazan con profundizar nuestros problemas de representación y gobernabilidad.
Es necesario preguntarnos qué ocurre con nosotros mismos. Permanecer en una dicotomía que coloca a los políticos como los villanos y a la ciudadanía en el rol de víctimas o sujetos pasivos no contribuye a una solución. Se debe dedicar más tiempo y esfuerzo a entender las diversas respuestas ciudadanas, así como las actitudes subyacentes y su conexión con el entorno para ver qué hacer.
Con relación a las protestas, estas sí se han desarrollado durante el 2024, pero han carecido de continuidad, capacidad para convocar a más sectores y no se han articulado con propuestas políticas más elaboradas. Desde inicios del año, las manifestaciones en el sur del país han estado presentes. El principal reclamo sigue siendo el de justicia para las víctimas de la represión ocurrida tras el frustrado golpe de Castillo y la llegada de Boluarte a la presidencia. Siempre es necesario recordar que la violencia ejercida por ciertos grupos a fines de 2022 y principios de 2023 no justifica las muertes documentadas por numerosos videos. Además de las protestas “del sur”, también tuvieron protagonismo las motivadas por la creciente inseguridad, especialmente por las extorsiones y la violencia del crimen organizado. Fueron más intensas en Lima y algunas ciudades del norte, pero hubo movilizaciones en diversas zonas del país. Los protestantes del sur también se unieron por solidaridad. El rechazo a la muerte y a la injusticia acercó a grupos que normalmente se perciben distantes en sus realidades y problemáticas.
Ambas manifestaciones han tenido en común su reacción ante situaciones límite relacionadas con la vida. No han sido posiciones ideológicas sino necesidades básicas lo que ha llevado a salir a la calle. Se ha expresado rabia e indignación. Se busca un Estado que tengo por centro al ciudadano. La ausencia notable de líderes políticos en ambos movimientos resalta las debilidades y dificultades de los grupos que desean presentarse como alternativas viables ante la oferta existente.
La organización social está presente, aunque no esté suficientemente activa; sin embargo, su conexión con los partidos políticos —en particular con aquellos que buscan presentarse como nuevas alternativas— es débil. Las nuevas agrupaciones parecen más concentradas en el próximo proceso electoral que en relacionarse con la ciudadanía desde sus problemas. Ese reencuentro entre ciudadanía —más o menos organizada— y políticos dispuestos a plantear un cambio positivo será un proceso complicado y lento. Diversas encuestas indican que somos uno de los países donde la confianza interpersonal es muy baja. ¿Cómo acercarse a una ciudadanía descreída y desconfiada ya no solo de los políticos sino de la política en general? Los liderazgos personales o los posibles frentes serán alternativas para el momento electoral. Puede que ese sea un primer punto de encuentro, pero se necesita mucho más que un proceso electoral para recuperar el escaso capital social que existía.
Las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol muy importante porque pueden entrar en contacto con el malestar ciudadano, sin la asociación negativa que hoy tiene cualquier organización vinculada a un partido, y también pueden convocar a otras organizaciones para cambiar los términos del debate. En ese sentido, hay que destacar propuestas como la que ha planteado Transparencia, Idea Internacional y Perú Sostenible. En ella se invita a diversos líderes y organizaciones políticas y de la sociedad civil a buscar acuerdos mínimos sobre cómo abordar las discrepancias y los diversos puntos de vista sobre qué hacer. No es una convocatoria para ponerse de acuerdo sobre cómo solucionar los diversos problemas que afrontamos sino una propuesta para cambiar la forma de abordar los conflictos políticos. Se puede ver como una invitación a mejorar la reputación de la acción política porque parte de la distancia que hoy muestra la ciudadanía con lo que ocurre en la política es por lo que observa en ese escenario. Tenemos que recuperar la política, la discusión y la búsqueda de soluciones sin caer en la idea ilusa de creer que se puede ir por cuerdas separadas de los problemas judiciales, la corrupción y los grupos con poder económico, legales e ilegales, que promueven sus propias agendas. Hay que convivir con ello y, a la vez, recuperar espacios buscando activamente su creación o recreación y desarrollo; sabiendo que hay quienes prefieren la oscuridad y la acción tras bambalinas. Ese es el gran reto para el 2025.
