El salario mínimo en Colombia y el auxilio de transporte para 2025 han sido ajustados, marcando cambios importantes para millones de trabajadores en el país. Estas modificaciones, establecidas mediante decreto, buscan mitigar los efectos de la inflación y mejorar las condiciones económicas de los sectores más vulnerables.
Sin embargo, no todos saben cuáles son las modificaciones específicas. Descubre en este artículo cómo impactan estos ajustes tanto a los empleados como a las empresas y qué implicaciones tienen en la economía colombiana.
El Gobierno colombiano anunció recientemente un incremento del 9,54% en el salario mínimo para el año 2025, llevándolo de $1.300.000 a $1.423.500. Esta medida, oficializada mediante decreto, incluye también un ajuste proporcional al auxilio de transporte, que eleva el ingreso total de los trabajadores beneficiados a $1.623.500. Este apoyo económico está diseñado para cubrir parte de los costos de desplazamiento de los empleados que no cuentan con transporte proporcionado por su empleador.
El aumento del auxilio de transporte es particularmente significativo, ya que está dirigido a los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv). Sin embargo, no todos los empleados tienen derecho a este beneficio, como quienes trabajan bajo modalidades de teletrabajo o trabajo remoto.
El auxilio de transporte aplica únicamente para trabajadores con ingresos de hasta dos smmlv y que no cuentan con transporte suministrado por su empleador. Este grupo incluye a:
Por otro lado, los trabajadores remotos o teletrabajadores quedan excluidos, al no generar gastos de desplazamiento.
Esta medida busca aliviar el impacto del alza en los costos de vida e inflación, asegurando que los trabajadores de menores ingresos puedan afrontar los desafíos económicos actuales.
El ajuste del salario mínimo y del auxilio de transporte tiene efectos significativos en la economía colombiana. Para los hogares, representa un alivio parcial frente a la inflación y el aumento en los precios de bienes y servicios. Como indicó la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, este aumento busca mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, especialmente de los sectores más vulnerables.
Sin embargo, para las empresas, en especial las pequeñas y medianas, el incremento supone un desafío financiero. Ajustar los presupuestos para cumplir con las nuevas disposiciones laborales puede generar tensiones económicas, con posibles repercusiones en el empleo y la competitividad.
