La reciente reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro introduce cambios significativos que afectarán a los pensionados a partir de 2025. La nueva normativa se sustenta en la búsqueda de mejorar la cobertura para los hogares de bajos ingresos en el país, con el objetivo de fortalecer el Fondo de Solidaridad Pensional.
El Congreso de la República aprobó la Ley 2381 de 2024, que establece un Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte. Este cambio, que se basa en un sistema de pilares, introduce un nuevo cobro que impactará a ciertos pensionados.
La reforma establece que el descuento se aplicará a partir de julio de 2025, coincidiendo con la entrada en vigor del renovado esquema de pensiones en Colombia. Sin embargo, no todos los pensionados serán sujetos a este cobro; el enfoque está dirigido a quienes reciben pensiones sustancialmente superiores.
Aquellos con ingresos menores a diez salarios mínimos no serán afectados, mientras que quienes perciben entre diez y 20 salarios mínimos tendrán una deducción del 1% sobre la mesada. Por su parte, los ingresos superiores a los 20 salarios mínimos estarán sujetos a un descuento del 2%.
El Gobierno de Gustavo Petro sostiene que busca asegurar el funcionamiento del Fondo de Solidaridad y aumentar la cobertura a nivel nacional. Este fondo servirá para entregar ayudas, como el bono pensional, a los sectores de ingresos más bajos, promoviendo un sistema más equitativo.
La Subcuenta de Subsistencia, a la que irán destinados los recursos recolectados, desempeñaría un papel esencial en la reducción de las desigualdades en el acceso a las pensiones, de acuerdo con lo argumentos del lado oficial.
El Gobierno argumenta que la reforma mejorará la cobertura para los pensionados al ampliar las bases del sistema actual. Sin embargo, sectores y sindicatos han expresado reservas sobre el impacto en las finanzas de los jubilados con mayores ingresos, sugiriendo que estos descuentos podrían desincentivar el ahorro y la contribución al sistema.
Asimismo, a pesar de su aprobación, la reforma enfrenta desafíos legales en la Corte Constitucional. Existen demandas presentadas contra ciertos apartados de la normativa, lo que podría ajustar elementos clave de la ley. Se espera que, una vez resueltas las disputas judiciales, el sistema esté en completa operación para mediados del próximo año.
Por otro lado, a pesar de las críticas, los defensores del modelo enfatizan que la medida es una redistribución necesaria para reducir la desigualdad en Colombia.
