El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha generado una profunda preocupación en las comunidades inmigrantes de Estados Unidos. Entre las propuestas más polémicas del Proyecto 2025 se encuentran las deportaciones masivas y la eliminación de programas clave como el Estatus de Protección Temporal (TPS). Asimismo, destaca la intención de modificar la ciudadanía por nacimiento, una medida que desafiaría de manera directa los fundamentos legales establecidos en la 14.ª Enmienda de la Constitución.
Trump ha defendido estas iniciativas como una estrategia para fortalecer la seguridad nacional y combatir la inmigración ilegal. Sin embargo, los especialistas advierten que la implementación de tales medidas enfrentaría desafíos legales y éticos. La posibilidad de cambiar la Constitución de Estados Unidos o reinterpretar ciertas disposiciones genera dudas sobre la viabilidad del Proyecto 2025.
Modificar la Constitución de Estados Unidos representa un desafío significativo. Donald Trump ha sugerido que eliminar la ciudadanía por nacimiento podría ser una forma de contrarrestar la inmigración irregular. Pero esta medida desafiaría directamente la 14.ª Enmienda, que otorga la ciudadanía a todas las personas nacidas en territorio americano, salvo excepciones como los hijos de diplomáticos. Cambiar esta enmienda implicaría la aprobación de una nueva enmienda constitucional. Esto requiere el respaldo de dos tercios del Congreso, un objetivo particularmente difícil de alcanzar dada la actual polarización política.
También podría optar por una estrategia alternativa basada en la reinterpretación de la cláusula de "jurisdicción" de la 14.ª Enmienda. Así el presidente electo argumentaría que los hijos de inmigrantes indocumentados no están completamente sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos. Este enfoque probablemente sería llevado ante el Tribunal Supremo, que tendría la decisión final. A pesar de la dificultad, el simple anuncio de estas intenciones ya genera temor entre los migrantes.
El Proyecto 2025 no se limita a proponer cambios constitucionales, sino que también contempla la expansión de políticas que autorizarían redadas en sitios considerados sensibles, como escuelas, iglesias y hospitales. Estas medidas, que en el pasado fueron parcialmente implementadas, podrían tener consecuencias devastadoras para las familias inmigrantes. No obstante, la legislación actual establece que todas las personas en Estados Unidos, incluso los indocumentados, tienen derecho a una audiencia antes de ser deportados.
De materializarse el Proyecto 2025 de Donald Trump, las repercusiones serían profundas y de amplio alcance. La eliminación de programas esenciales como DACA, TPS y el Parole Humanitario dejaría a millones de inmigrantes sin protección legal. Además, la realización de redadas en lugares sensibles, como escuelas e iglesias, podría generar un clima de miedo persistente en las comunidades inmigrantes.
Trump ha declarado su intención de deportar hasta 11 millones de inmigrantes, un plan que demandaría un aumento considerable de los recursos gubernamentales y la colaboración activa de los gobiernos locales, lo cual aún no está garantizado. Aunque estas propuestas enfrentarán importantes obstáculos legales y una fuerte oposición política, el simple hecho de que se presenten ya genera un clima de incertidumbre y vulnerabilidad en las comunidades afectadas.
