En una decisión que sacudió el escenario político estadounidense, el presidente Joe Biden anunció la conmutación de penas para 37 de los 40 condenados a muerte a nivel federal. La medida, anunciada pocos días antes de Navidad, tiene implicaciones que van más allá del ámbito judicial y revelan un claro mensaje político en un contexto de incertidumbre ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
La decisión no fue una sorpresa para quienes han seguido de cerca las políticas del actual mandatario respecto a la pena capital. Desde el inicio de su administración, Biden manifestó su oposición a las ejecuciones federales, estableciendo una moratoria que detuvo estos procesos. Sin embargo, su anuncio reciente da un paso más allá al asegurar que estas personas no podrán ser ejecutadas, sin importar quién ocupe el Despacho Oval en el futuro.
El mandatario justificó su decisión basándose en principios éticos y en su compromiso de frenar el uso de la pena de muerte a nivel federal. En un comunicado, Biden expresó su postura firme: “En buena conciencia, no puedo quedarme de brazos cruzados y permitir que un nuevo gobierno reanude las ejecuciones que yo detuve”.
Sin embargo, la decisión tiene un fuerte componente político. Donald Trump, quien asumirá el poder en enero, ha sido un abierto defensor de la pena capital, incluso sugiriendo su uso como castigo para delitos relacionados con el narcotráfico y la trata de personas. Durante su primer mandato, supervisó 13 ejecuciones federales, más que cualquier otro presidente en un siglo.
A pesar de la conmutación generalizada, tres condenados quedaron excluidos: Djokhar Tsarnaev, responsable del atentado en la maratón de Boston; Dylann Roof, quien asesinó a nueve personas en una iglesia en Charleston; y Robert Bowers, culpable de la masacre en una sinagoga de Pittsburgh.
Estos casos, marcados por su impacto mediático y la gravedad de los crímenes, quedaron fuera del alcance del perdón presidencial debido a sus características excepcionales. Biden aclaró que su política no aplica para crímenes relacionados con terrorismo o asesinatos motivados por el odio racial o religioso.
La conmutación de estas sentencias no solo afecta a las personas directamente involucradas, sino que también reactiva el debate sobre la legitimidad y eficacia de la pena capital en el sistema judicial estadounidense.
Actualmente, 23 estados han abolido la pena de muerte, mientras que otros seis, incluidos California y Pensilvania, mantienen una moratoria. Aun así, las ejecuciones continúan en algunos estados, con 25 casos registrados solo en 2024.
Biden ha reiterado su compromiso de trabajar hacia la abolición definitiva de la pena de muerte a nivel federal, aunque reconoció que el Congreso debe actuar para que esto sea una realidad permanente.
