El Senado de Mendoza, Argentina, aprobó el proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), marcando un hito para el desarrollo de 34 iniciativas mineras enfocadas en la exploración de oro, plata y cobre. Este megaproyecto, con una inversión inicial de US$20 millones prevista para 2025, busca posicionar al país como un actor clave en la transición energética a través de minerales estratégicos.
La aprobación, que incluye declaraciones de impacto ambiental respaldadas por la Ley N° 7722, garantiza que las actividades mineras cumplan con estándares ambientales rigurosos. Empresas internacionales, como la canadiense Kobrea Exploration, ya han comprometido recursos para proyectos como Sofi, El Perdido y Mantos de Cobre, mientras que Ontario se centra en explorar la franja Huemul. "La temporada de exploración será clave, considerando que las perforaciones comienzan en noviembre y se extienden hasta abril", señaló Edwards Gajardo, propietario de Mendoza Minera.
El distrito Malargüe, con una extensión de 18.754 km², destaca por su cercanía a fajas metalogénicas de Chile, lo que aumenta la probabilidad de hallar depósitos de minerales valiosos. Este potencial geológico ha captado el interés de inversionistas extranjeros, interesados en minerales clave para tecnologías limpias como paneles solares y vehículos eléctricos.
Solo 34 proyectos de los más de 200 que conforman el distrito obtuvieron aprobación inicial, evidenciando un riguroso proceso de evaluación técnica y participación ciudadana. Estos proyectos no solo prometen dinamizar la economía regional, sino también consolidar la minería sustentable en Argentina.
La participación de empresas extranjeras es crucial para el éxito del MDMO Mendoza. Kobrea Exploration, con 14 propiedades en la región, lidera inversiones para exploración de cobre, mientras que Ontario apuesta por desarrollar proyectos auríferos. Estas iniciativas refuerzan el atractivo de Argentina en el panorama internacional de minería y abren la puerta a nuevas alianzas estratégicas.
El proyecto también busca equilibrar desarrollo económico con respeto ambiental. La implementación de la Ley N° 7722 y los procesos de consulta pública aseguran transparencia en cada etapa, desde la prospección inicial hasta la perforación.
