La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024 ha generado un nuevo impulso al movimiento conocido como Calexit, que propone la independencia de California de Estados Unidos. Este estado, reconocido como una de las economías más grandes del mundo, es también un bastión de políticas progresistas, muchas de las cuales contrastan drásticamente con la ideología del expresidente republicano.
Líderes del movimiento aseguran que las tensiones políticas y culturales han crecido con el regreso de Trump a la Casa Blanca. Según Marcus Ruiz Evans, portavoz de Calexit, "la victoria de Trump reavivará el impulso para que California abandone Estados Unidos como nunca antes". Sin embargo, el desafío legal persiste: en 2010, el juez de la Corte Suprema, Antonin Scalia, declaró que ningún estado tiene derecho legal a separarse de la unión.
California, conocida como el 'Estado Dorado', es la quinta economía mundial si se considerara de manera independiente, superando a países como el Reino Unido e India. Además de su importancia económica, el estado lidera políticas progresistas en áreas como el medio ambiente, los derechos LGBTQ+ y control de armas, lo que lo posiciona en fuerte contraste con las propuestas conservadoras de Trump.
Durante su campaña, Trump criticó repetidamente a California, señalándola como un ejemplo de lo que, según él, debe cambiar en Estados Unidos. En respuesta, el gobernador del estado, Gavin Newsom, prometió proteger las leyes californianas contra cualquier intento del gobierno federal de imponer restricciones contrarias a los valores progresistas del estado.
El movimiento Calexit ganó relevancia tras las elecciones presidenciales de 2016, pero la confirmación de un segundo mandato de Trump ha revitalizado la idea. Entre las principales razones que esgrimen sus simpatizantes se encuentran:
A pesar del resurgimiento de Calexit, la independencia de California enfrenta desafíos legales significativos. El marco constitucional de Estados Unidos no permite que un estado abandone la unión. Las declaraciones del juez Antonin Scalia refuerzan esta postura, indicando que cualquier intento de secesión sería inconstitucional.
No obstante, los simpatizantes del movimiento insisten en que una consulta popular podría ser el primer paso hacia un cambio político sin precedentes.
