El 9 de noviembre de 1994, los votantes de California aprobaron la Proposición 187, una iniciativa polémica que pretendía prohibir a los inmigrantes indocumentados el acceso a servicios públicos esenciales como la educación y la atención médica. En un contexto de recesión económica, muchos ciudadanos culpaban a los inmigrantes de la crisis financiera, lo que generó el ambiente propicio para la aprobación de esta medida en Estados Unidos.
Apodada ‘Salven nuestro Estado’, la Proposición 187 exigía que maestros y trabajadores de la salud reportaran al Servicio de Inmigración y Naturalización (INS, por sus siglas en inglés) a cualquier persona sospechosa de estar en el país sin documentos. Aunque la ley fue respaldada por el entonces gobernador Pete Wilson, enfrentó una fuerte oposición legal y social que finalmente bloqueó su implementación.
La Proposición 187 surgió en un periodo de alta tensión en Estados Unidos, especialmente en California, un estado que experimentaba rápidos cambios demográficos. En los años previos a la aprobación de la ley, la población inmigrante había crecido significativamente, generando temores entre ciertos sectores de la sociedad. Además, la recesión económica profundizó la percepción de que los inmigrantes indocumentados eran una carga para el estado.
El referéndum obtuvo el 59% de los votos a favor, un respaldo considerable que reflejaba el nivel de frustración económica y social de la época. Sin embargo, organizaciones como el Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF) y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) denunciaron que la ley violaba derechos fundamentales protegidos por la Constitución de Estados Unidos.
La implementación de la Proposición 187 fue detenida poco después de su aprobación, cuando un juez federal ordenó su suspensión temporal mientras se realizaba una revisión judicial. Argumentos legales indicaron que la ley era inconstitucional, ya que la inmigración es una competencia exclusiva del gobierno federal.
Durante este periodo, se organizaron manifestaciones masivas en escuelas y universidades, con jóvenes y líderes comunitarios alzando la voz contra la medida. Finalmente, en 1999, un juez dictaminó que la Proposición 187 violaba la cláusula de igual protección de la Enmienda 14, lo que impidió su aplicación definitiva.
Aunque la Proposición 187 nunca entró en vigor, dejó una huella profunda en la comunidad latina de California. Jóvenes que vivieron esta etapa se movilizaron para defender sus derechos y, años después, lideraron iniciativas en favor de los inmigrantes. Además, esta medida sentó las bases para un discurso político antiinmigrante que se ha replicado a nivel nacional en Estados Unidos.
“Hay una razón por la que los políticos siguen usando este tipo de tácticas: les proporcionan éxito. Son elegidos”, explicó Lorena Márquez, profesora de Estudios Chicanos en la Universidad de California en Davis. Este tipo de políticas divisivas continúa siendo un tema recurrente en el panorama político del país.
