Pese a la oposición del Poder Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo y organizaciones ambientalistas, el Congreso insiste en ampliar el plazo de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal. Precisamente, uno de los mecanismos que ha servido para extender este proceso es el Reinfo, cuyo plazo de vigencia vence en diciembre de este año.
Durante la última sesión de la Comisión de Energía y Minas que preside el legislador Paul Gutiérrez, se puso a discusión un predictamen que acumula cuatro proyectos de ley de los parlamentarios José Luna, Segundo Quiroz, Guido Bellido y el propio titular de este grupo de trabajo. Todos ellos buscan prorrogar este registro hasta el 2026 o 2027.
La propuesta en discusión no precisa un periodo de caducidad determinado, pero la condiciona a “la entrada en vigor de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal”, cuya fórmula legal aún no ha sido presentada por el Poder Ejecutivo ante el Congreso. Luego de un intercambio entre los legisladores, el predictamen pasó a un cuarto intermedio.
“Una nueva ley no resolverá la problemática de la formalización. En la Comisión de Energía y Minas ya existe una propuesta de ley MAPE, pero no han avanzado en este dictamen. Solo se basan en la excusa de que el Poder Ejecutivo no ha presentado la iniciativa. Quieren un proceso de formalización minera permanente, en la práctica”, explicó César Ipenza, abogado especialista en materia ambiental.
De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Energía y Minas, más de 87.000 pequeños mineros informales se han inscrito en el Reinfo, pero apenas el 2,4% ha logrado formalizarse; 68.817 se encuentran con el registro suspendido por incumplir requisitos y 16.204 continúan en proceso de formalización. Para Ipenza, dicha estadística demuestra que este mecanismo ha sido utilizado por los mineros ilegales para evitar ser sancionados por la Fiscalía o la Policía.
Finalmente, cita un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, en el que se detalla que la minería ilegal fue el delito con el mayor monto acumulado entre el 2013 y 2024, alcanzando los US$8.216 millones y superando de esta forma, al narcotráfico.
“La minería ilegal se ha convertido en la principal actividad económica que moviliza mucho dinero y que está asociada a las organizaciones criminales. En ese sentido, cuestiono que el Congreso pueda aprobar esta norma que facilita un camino para beneficiar a un grupo de ilegales”, sentenció.
