El exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Simoes Barata, pidió al Poder Judicial que se revoqué el mandato de 36 meses de prisión preventiva en su contra en el marco de las investigaciones por el caso Gasoducto Sur. La medida fue dictada el pasado 19 de octubre por el juez Leodan Cristóbal por la fuerte sospecha de la presunta participación de Barata por el presunto delito de colusión agravada. Cabe resaltar que, el caso involucra directamente al expresidente Ollanta Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia.
En ese sentido, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional del Poder Judicial concedió el recurso de apelación presentado por la defensa técnica del exrepresentante de Odebrecht en el Perú en contra de la resolución que lo envía a prisión preventiva hasta octubre del 2027. En esa misma línea, se admitió que su apelación sea resuelta por una instancia superior.
"Conceder el recurso de apelación interpuesto por defensa técnica del investigado Jorge Henrique Simoes Barata contra la Resolución N. 16, de fecha 7 de octubre de 2024, y elévese los actuados al Superior Jerárquico", se puede leer en la resolución al que tuvo acceso este diario.
Cabe recordar, que luego de haberse emitido el pedido de prisión preventiva el último 19 de octubre en contra del exsuperintendente de la empresa brasileña en el Perú, se indicó a las autoridades que notifiquen a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) para que puedan dar con el paradero de Barata. Actualmente Jorge Simoes Barata reside en la ciudad de Sao Pulo en Brasil, donde lleva las investigaciones en su contra por el caso Lava Jato.
El caso Gasoducto Sur es uno de una de las grandes investigación en relación a la empresa brasileña Odebrecht en el Perú, en donde la compañía habría otorgado coimas millonarias a funcionarios públicos para poder obtener contratos para obras con el Estado peruano. Segú la tesis fiscal, Jorge Barata habría coordinado con la exprimera dama, Nadine Heredia, para poder direccionar la obra en favor de Odebrecht durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016). Este proyecto habría demandado una inversión superior a los US$ 7 mil millones.
Según al fiscal del Equipo Especial Lava Jato a cargo del caso, Geovana Mori, la empresa habría usado su poder y recursos en los más altos niveles del gobierno de aquel entonces para poder asegurar la adjudicación de la obra. Además, Mori sostuvo que la relación entre Odebrecht y Humala se fortaleció tras el presunto aporte de US$ 3 millones en su campaña presidencial del 2011.
El mega proyecto Gasoducto sur planteaba la construcción de una tubería de 1,000 kilómetros para transportar gas natural desde Camisea, en Cusco, hacia Moquegua.
El exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Simoes Barata, negó durante la audiencia de prisión preventiva en su contra que hayan entregado sobornos por el caso Gasoducto Sur Peruano, proyecto que quedó inconcluso durante el gobierno del Ollanta Humala Tasso.
Asimismo, Simoes Barata acusó ante el juez de investigación preparatoria nacional, Leodán Cristóbal Ayala, al Ministerio Público por presuntamente incumplir acuerdos de colaboración eficaz firmados entre Perú y Brasil y de una presunta presión para que "mienta y reconozca actos de corrupción en la adjudicación de la buena pro". Sin embargo, el exrepresentante de la empresa brasileña en el país mencionó que "desde el primer momento, la fiscalía conoce la verdad: aportes a la campaña del candidato Ollanta Humala".
"La fiscalía ha incumplido los acuerdos firmados en Brasil y en Perú. No respetando mi inmunidad judicial otorgada en convenio con autoridades de Brasil y tampoco el acuerdo de colaboración eficaz celebrado con la misma fiscalía en Perú", declaró.
Por otro lado, la fiscal del Equipo Especial Lava Jato a cargo del caso, sustentó su pedido de prisión preventiva en las declaraciones de los exejecutivos de Graña y Montero, José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña, que indicaron que la empresa brasileña sí pago sobornos por el proyecto, aunque Odebrecht señaló que dicha constructora se unió a la obra meses después de obtener la licitación. Cabe recordar, que Graña y Montero se suma al Consorcio Gasoducto Sur Peruano, en agosto del 2015, donde hasta ese momento estaba integrado por Odebrecht y Enagas.
