El Pleno del Congreso, aprobó por mayoría, el miércoles 16 de octubre, el dictamen, del texto sustitutorio que modifica la Ley 32108 o Ley de crimen organizado. Esta decisión se tomó con 70 votos y se aceptó la exoneración de la segunda votación. Sin embargo, no todos los parlamentarios están convencidos de esta promulgación y han expresado firmemente sus posturas. La República se puso en contacto con congresistas de las bancadas de Renovación Popular, Fuerza Popular, Perú Libre, Bloque Democrático, y Juntos por el Perú para obtener un equilibrio de opiniones sobre lo que representaría esta nueva modificación para el Legislativo.
En el grupo político Renovación Popular, el congresista Jorge Montoya Manrique expresó su firme oposición a la derogación de esta ley. Considera que la modificación ha sido malinterpretada y afirmó que los ciudadanos del Perú no están adecuadamente informados. Al respecto, comentó: "La gente en la calle no sabe de lo que estamos trabajando; se les ha vendido una idea". Además, subrayó que los miembros de su bancada son libres de elegir su postura respecto a esta ley, manifestando que este grupo político manejará diferentes votaciones en los debates del Congreso.
En el caso de Fuerza Popular, el congresista Fernando Miguel Rospigliosi Capurro mantiene la misma postura política que el anterior parlamentario e incluso agregó que dicha ley no debería ser modificada.
Por otro lado, en la bancada de Perú Libre, la derogación se experimentaría con extremismo y firme rechazo. Así lo expresó el congresista Jaime Quito: "La derogatoria total parece ser solo un pretexto para que no se modifique nada. Esto ya parece un circo". Sin embargo, este grupo tendría cierta similitud con la bancada de Renovación Popular, ya que el parlamentario Américo Gonza no coincidiría a su compañero de partido, manifestando en primera instancia que las posturas políticas están siendo manipuladas por la "prensa caviar" y los grupos de poder. Además, destacó lo siguiente: "¿Quién habla de derogar? Es una ley que existe desde el 2000, ¿por qué no la derogaron antes? Aquí hay una mala interpretación. No se ha hecho una nueva ley, no es reciente ni reemplaza a otra. Simplemente, es una modificación a una ley que ya existía desde hace 24 años."
En el Bloque Magisterial, el congresista Nivardo Edgar Tello Montes considera que la ley debe ser modificada a favor de la población, y no por el Congreso: "Puede modificarse, con algo que tenga razonabilidad (...) a favor de la población y los intereses que tienen y piden, no por los intereses del Congreso de intentar manipular la ley a su conveniencia."
Por último, el partido Juntos por el Perú, del cual es miembro la congresista Ruth Luque, manifestó su contundente rechazo hacia esta ley y su derogación. En sus declaraciones, agregó: "Como ya es costumbre, Dina Boluarte NO lo observó, al igual que tampoco observó la ley 32108".
A través de las respuestas obtenidas, La República pudo entender el enfoque político que predominó durante el debate del 16 de octubre, que resultó en la aprobación de las modificaciones con 81 votos. La percepción de la Ley 32108 varía entre los congresistas. La decisión final en dicho día confirmó las modificaciones al Código Penal y al Decreto Legislativo 635, así como la Ley 32108 con los cambios aprobados. Sin embargo, estos ajustes son considerados poco significativos, ya que la nueva definición de organización criminal y el requisito de contar con un defensor público durante los allanamientos permanecen sin cambios, lo que podría limitar la efectividad de las acciones judiciales.
Varios organismos, tanto públicos como privados, han señalado que la norma favorece a las organizaciones criminales debido a la nueva tipificación del delito y la definición de lo que constituye una organización criminal. Además, se han mencionado implicaciones más graves, como el impacto en los allanamientos, que podrían obstaculizar la lucha contra la creciente criminalidad en el país.
A pesar de las solicitudes de la ciudadanía, la Ley 32108 continúa exigiendo que los allanamientos se realicen con la presencia de un abogado. Sin embargo, se estipula que la defensa será proporcionada por un abogado de oficio hasta que el defensor del implicado llegue.
Asimismo, dicha ley señala que para que un delito sea considerado organización criminal debe estar sancionado con 6 años o más; sin embargo, con esta modificación, el Congreso la cambió a 5 años, pese a que la Convención de Parlamento recomienda que sea a 4 años.
Abogados, fiscales y jueces prevén que no habrá un cambio pacífico, sino que se viene una guerra jurídica que marcará un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado en el Perú.
Las principales bancadas que votaron a favor de las modificaciones a la Ley 30077 fueron Fuerza Popular (19 votos), Alianza para el Progreso (10 votos) y Perú Libre (9 votos). En contraste, las bancadas que se manifestaron en contra fueron Cambio Democrático, Bloque Democrático y la Bancada Socialista.
A los votos fujimoristas se sumaron los de los siguientes parlamentarios:
