El Pleno del Congreso aprobó en segunda votación el proyecto de ley 4145 que reduce a 4 los votos necesarios para que los magistrados del Tribunal Constitucional resuelva demandas competenciales. Esto se da en el marco de una audiencia del máximo órgano intérprete de la Constitución, donde resolverá la demanda del Legislativo contra el Poder Judicial respecto a Inés Tello y Aldo Vásquez, de la JNJ.
Con 72 votos a favor, 20 en contra y 8 abstenciones, el hemiciclo ratificó este nuevo golpe antidemocrático contra el sistema judicial a falta de que el Tribunal Constitucional establezca una audiencia, que con estos nuevos parámetros, tiene vía libre para poder resolver a favor de esta demanda que busca dejar sin efecto la medida cautelar que el Poder Judicial dictó a favor de los magistrados para que se les levante la inhabilitación de forma temporal que tenían mientras se resolvía su demanda de amparo.
Asimismo, texto sustitutorio elaborado por la comisión presidida por Rospigliosi establece que las demandas presentadas contra decisiones exclusivas del Congreso, como las acusaciones constitucionales, tendrán un procedimiento especial. Según lo dispuesto en el dictamen, estas demandas deberán ser resueltas en un plazo máximo de 60 días y no se permitirá la aplicación de medidas cautelares.
A inicios de julio, el Poder Judicial declaró procedente esta demanda de amparo ya mencionada presentada por los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello y Aldo Vásquez, ordenando su reincorporación a sus cargos, tras haber sido sancionados por el Congreso.
Con esta decisión, el Poder Judicial anuló la denuncia constitucional N° 373-2023, la cual había sido formulada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y ratificada por la Comisión Permanente del Congreso.
En marzo de 2024, con 67 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones, el Congreso decidió sancionar a Inés Tello de Ñecco por continuar ejerciendo como miembro titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) más allá del límite de edad establecido en la Constitución y en el artículo 109 de la Ley Orgánica de dicho organismo constitucional.
