El Congreso tiene sus prioridades y esa agenda no contempla la derogación de la Ley 32108 sobre crimen organizado, pero sí la segunda votación de una norma que los favorecerá en una demanda competencial en el Tribunal Constitucional (TC) para descomponer la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
La segunda votación de la ley que modifica el Nuevo Código Procesal Constitucional debe ser esta semana. El proyecto —recordemos— reduce a cuatro los votos necesarios para que el TC resuelva conflictos competenciales.
En este momento, está pendiente que el TC resuelva el conflicto competencial del Legislativo que busca validar la inhabilitación de los magistrados de la JNJ, Inés Tello y Aldo Vásquez. Con la segunda votación del dictamen que modifica el Nuevo Código Procesal Constitucional, la coalición congresal busca que esta la ley permita al TC validar la destitución de Tello y Vásquez.
El dictamen de esta ley nació de la Comisión de Constitución, que preside el fujimorista Fernando Rospigliosi y fue aprobada la semana pasada con 70 votos en el Pleno.
Su impacto no solo será en el caso de la JNJ, sino también en el control judicial a las decisiones del Congreso. Vásquez explicó en RPP que esta propuesta impide a los jueces dictar medidas cautelares en procesos de demandas de amparo de altos funcionarios contra el Parlamento.
Por ahora, esta ley con nombre propio ha encontrado consenso en la mayoría de las bancadas. Pero no sucede lo mismo en otras iniciativas.
El Congreso también debe definir esta semana qué dictamen sobre terrorismo urbano votará en el hemiciclo. El fujimorismo ha recibido con los brazos abiertos la iniciativa del Ejecutivo de procesar a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú en fueros militares y policiales por denuncias que reciban tras su accionar en estados de emergencia.
Rospigliosi presentó una iniciativa en similar sintonía.
En Jaén, Cajamarca, el primer ministro Gustavo Adrianzén realizó una invocación para que el Congreso “acelere y apruebe lo más pronto posible” la iniciativa del Ejecutivo sobre terrorismo urbano.
El presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita, de Perú, recién presentará un nuevo dictamen sobre este tema.
El fujimorismo ha aprovechado la retórica de la mano dura para recomendar que se denuncie el Pacto de San José para combatir la delincuencia. El legislador de Fuerza Popular César Revilla reiteró el pedido de este partido político. “Si está estorbando para poner orden y (…) si no hay una reforma del sistema judicial, tenemos que tomar el toro por las astas, tomar posición, reforzar las fuerzas del orden”, dijo en Canal N.
Esas son las iniciativas que prioriza discutir el Congreso. A eso se suma que el perulibrista José Balcázar presentó un proyecto para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (PJ) e impedir que los jueces apliquen control difuso sobre las leyes que atenten contradigan la Constitución.
Balcázar propone que antes de aplicar el control difuso se debe presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la ley en cuestión ante el TC.
En setiembre, el Poder Judicial inaplicó la ley de prescripción de delitos de lesa humanidad y condenó a un exmarino por la desaparición del periodista Jaime Ayala.
Con el proyecto de Balcázar, los jueces primero hubieran tenido que esperar que el TC resuelva una acción de inconstitucionalidad antes de inaplicar la ley de impunidad.
En medio de esas propuestas contra las competencias del sistema judicial, la mayoría de bancadas prefiere pasar la página y no derogar la Ley 32108 sobre crimen organizado. El viernes pasado, durante la sesión del Pleno, el acuerdo fue que solo modificarán la norma para precisar sus alcances.
La Defensoría del Pueblo había presentado un proyecto para puntualizar su alcance respecto a la presencia de los abogados de los investigados durante los registros realizados por los fiscales en los allanamientos a los inmuebles.
Sin embargo, todavía no ha entrado a discusión el otro punto cuestionado: la redefinición del delito de organización criminal.
La pelota está en la cancha del presidente de la Comisión de Justicia.
El fiscal de la Nación, Juan Villena, dijo que el Tribunal Constitucional (TC) será la institución que resuelva si la ley que faculta a la PNP la dirección de las investigaciones preliminares de delito es constitucional o no.
Como se sabe, esta ley fue promulgada la semana pasada por Dina Boluarte y le resta al Ministerio Público su facultad constitucional de dirigir la pesquisa desde el inicio.
“Ustedes saben que hay una demanda de inconstitucionalidad por unos decretos facultativos (…). La Constitución dice que es el Ministerio Público, el fiscal es el que dirige y conduce la investigación”, recalcó.
