A pesar de los intentos de Dina Boluarte y del Congreso por deslegitimar el reciente paro de transportistas en contra de la inseguridad ciudadana en Lima, el jueves pasado fuimos testigos de una protesta sin precedentes en la capital. Avenidas desiertas, comercios cerrados y un transporte público paralizado contrastaban con el frívolo lema del régimen: “El Perú no se detiene”. Días antes, la estrategia gubernamental se centró en descalificar el paro, tildándolo de “político”, como si exigir que las autoridades del Estado garanticen la protección de la vida y la integridad de la ciudadanía no fuera un asunto político. También es político que los ciudadanos ejerzan su derecho a protestar cuando quienes ostentan el poder aprueban leyes que benefician a extorsionadores para blindarse a sí mismos.
Detrás de este señalamiento cargado de ignorancia, hay un intento de invertir la realidad: lo que ha evidenciado el paro es que una mayoría creciente del país es consciente de que el Congreso legisla en favor de las mafias. Por eso, la principal demanda en las calles ha sido la derogación de normas como la Ley 32108 y el rechazo a medidas demagógicas que buscan criminalizar la protesta, como el proyecto de “terrorismo urbano”.
La demanda contra la criminalidad se convierte en un grito de indignación nacional contra el desprecio a la ciudadanía de un Ejecutivo y un Parlamento sin legitimidad. Esto quedó reflejado en el episodio en que un dirigente de los transportistas exigió respeto al congresista Jorge Montoya, frente a sus tratos matonescos.
Resultan, por tanto, delirantes los esfuerzos de la ultraderecha por asociar las protestas a un malévolo plan de la izquierda. Los choferes, cobradores, pequeños empresarios de transporte urbano, comerciantes de emporios populares como Gamarra, Mesa Redonda, Las Malvinas y Unicachi, así como decenas de mercados distritales, están expresando una preocupación que comparten millones de peruanos. Cada uno elige si está del lado de la vida o del crimen.
Uno de los mayores errores políticos del régimen instalado desde diciembre del 2022 ha sido optar por reprimir a las víctimas de los extorsionadores, mientras premian a los delincuentes.
Después del paro de transportes, ahora se anuncia un paro nacional. Toda nuestra solidaridad.
