En la última sesión del Pleno, desarrollada el viernes 11 de octubre, el Congreso no logró definir el destino de la ley contra el crimen organizado ni del proyecto que busca incluir el delito de "terrorismo urbano" en el Código Penal. Con estos pendientes, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, programó una reunión de Junta de Portavoces para el próximo lunes 14.
Ambas normas se encuentran dentro del pliego de reclamos de los gremios de transporte, por lo que el Parlamento tiene la urgencia de resolver la ruta que seguirán estas leyes.
Es así que la convocatoria enviada por el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, precisó que la sesión se desarrollará a las 10 de la mañana de manera semipresencial. En la ocasión, asistirán todos los miembros de la Mesa Directiva y los voceros de las trece bancadas parlamentarias.
"Por disposición del presidente del Congreso, cumplo con citar a usted a la sesión semipresencial de la Junta de Portavoces que se realizará el lunes 14 de octubre de 2024, a las 10:00 horas, en la Sala Grau de Palacio Legislativo", se lee en el comunicado.
Con 84 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación los proyectos de ley 8507 y 8959 que establecen sanciones disciplinarias y penales para los jueces que dicten detenciones preliminares, prisiones preventivas o sentencias condenatorias que sean revocadas por la instancia superior. Además, de que también se podrían sancionar a los fiscales que soliciten dichas medidas.
Durante la sesión, se votó para que dichas propuestas sean exoneradas de una segunda votación. Sin embargo, no se alcanzaron los votos suficientes. Las propuestas legislativas 08507/2024 y 08959/2024 fueron presentadas por las bancadas de Renovación Popular y Avanza País, respectivamente. Y la Junta de Portavoces, en la sesión del pasado 10 de octubre, acordaron —para ambos proyectos— la exoneración de dictamen por parte de la Comisión de Justicia.
Horas antes, a través de un comunicado, la Corte Superior de Justicia de Lima pidió al Congreso respetar la división de poderes y la independencia judicial en el marco de la votación de ambos proyectos de ley que habían sido puestos en agenda. En el documento, alertaron que el Congreso iba a someter a debate proyectos que modifican la Ley de Carrera Judicial, Ley de Carrera Fiscal y el Código Penal, "estableciéndose sanciones disciplinarias y penales a los jueces que dictaren detención preliminar, prisión preventiva o sentencia condenatoria y fueran revocadas por la instancia superior, pretendiéndose de manera similar sancionar también a los fiscales que hubieren solicitado dichas medidas".
