En el Congreso pasó a cuarto intermedio un dictamen que busca modificar la Ley 31143 — denominada ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros—.
Desde la Comisión de Economía, presidida por Ilich López (Acción Popular), buscan dejar sin efecto la norma publicada por el Legislativo en marzo de 2021. López alega que los topes a los intereses que cobran los bancos ha puesto “en bandeja de plata a los micro y pequeños empresarios”.
La ley establece que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) fije las tasas de interés máximas y mínimas en las operaciones financieras semestralmente. Hasta octubre del corriente el pico es de 109,83% y desde noviembre hasta abril de 2025, será de 112,98% anual en moneda nacional y 93,86%, en divisa extranjera.
En caso de interés moratorio —que deben ser iguales a las que fija el BCRP para las operaciones ajenas al sistema financiero— queda prohibido que se cobre una penalidad o gastos adicionales. Se anula también la capitalización de intereses si un cliente incurre en mora.
Asimismo, la ley que se pretende derogar desde la Comisión de Economía señala que las comisiones o gastos que los bancos cobran a sus clientes deben implicar la prestación de un servicio adicional o complementario a las operaciones contratadas y que justifiquen el traslado de dicho costo al usuario
Y, si una entidad financiera cobra una tasa mayor a la máxima, incurriría en el delito de usura. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP cumple con inspeccionar y denunciar, en caso un banco cometa usura, al Ministerio Público.
A criterio del Tribunal Constitucional la norma no trasgrede la Carta Magna porque no vulnera la libertad entre las partes en el sistema financiero, por lo que desestimó la denuncia de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Ica y el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, desde el BCRP señalaron que los topes a los intereses han alejado a las personas informales y de bajos recursos al crédito, haciendo que recurran a préstamos informales “con los riesgos que conlleva” —dijo Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del ente emisor—.
Armas sostuvo que la experiencia peruana demuestra que un ciudadano al recibir su primer crédito, pese a tener “una tasa de interés elevada”, suele ser mucho menor a la que tendría en el mercado informal — donde oscila entre 500% hasta 2.000%, según estudios—.
Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School, comenta que el riesgo de no pago en Perú es muy alto debido a la informalidad: no hay empleos ni ingresos fijos para el 70% de la población, así como tampoco vivienda, y por ello las tasas, en un principio, oscilan entre 150% y 180% para cubrir los costos que demanda la operación, pero a medida en que se va generando un perfil de cumplimiento, estas reducen.
Ahora, con la tasa de 109%, las entidades le niegan la oportunidad a los ciudadanos que buscan un préstamo por los riesgos ya mencionados y también quienes desean acceder a otro, añade. En datos del Instituto Peruano de Economía (IPE) aproximadamente 600.000 familias a nivel nacional han recibido un crédito informal: se concentra en el nivel socioeconómico bajo y mayores de 25 años. “El tope (de interés) a los grandes bancos les hace cosquillas porque ellos atienden a clientes formales.
Los que sienten la pegada con las cajas, cooperativas de ahorro y crédito, microfinancieras. Casi 300 mil familias salieron del sistema financiero a raíz de los topes”, mencionó a La República. De esa manera, Adrián Armas aseguró que “los estudios técnicos demuestran que (la ley contra la usura) tuvo un impacto adverso en la población”.
Concluye que pese a las “buenas intenciones” tras la ley contra la usura bancaria, se ha desconocido los motivos subyacentes por los que “desgraciadamente en nuestro país hay poco acceso al crédito”. La Asociación de Bancos (Asbanc) coincide con esta lectura y alienta la “desinclusión financiera” y ha puesto en riesgo a millones de clientes mypes por los candados a sus negocios.
Si bien la tasa efectiva anual del BCRP fija un interés máximo de 109,83%, en el sistema financiero la TCEA —que incluye todos los costos de un crédito— asciende a máximos de 125,41% para préstamo de consumo y de hasta 181,09% para una tarjeta de crédito.
José Luna Gálvez (Podemos Perú) advirtió que la Comisión de Economía quiere que los bancos eleven las tasas de interés de los créditos “por encima del 200%” y dar luz verde al cobro “sin control” de comisiones y penalidades. Sostiene que la eliminación de la normativa “pretende favorecer a los bancos”
