La semana pasada, un nuevo caso de aparente congresista ‘mochasueldo’ fue revelado por Panorama. Se trata del parlamentario del denominado Bloque Socialista, Pasión Dávila, quien habría exigido a su exasesor principal el bono mensual que recibe del Parlamento. La Comisión de Ética Parlamentaria intervendría para determinar si corresponde imponerle una sanción, aunque también cabe la posibilidad de que el caso termine en blindaje, tal como ocurrió con otros legisladores, no necesariamente solo los señalados de recortar las remuneraciones de sus trabajadores.
Con este Congreso se ha normalizado que las decisiones adoptadas por la Comisión de Ética difieran totalmente de las investigaciones de la Fiscalía de la Nación. Al punto de que esta última, tras obtener indicios suficientes de que los parlamentarios habrían incurrido en delitos, presenta denuncias constitucionales. Esto con el objetivo de que se le levante el antejuicio político al congresista y se formalice un proceso penal en su contra.
Ejemplo de ello es la apepista Rosio Torres, quien fue señalada de ‘mochasueldo’. La Comisión de Ética –valorando los testimonios, las transferencias y el hecho de que la parlamentaria borró el chat con su sobrino involucrado– elaboró un informe final en el que proponían al Pleno la suspensión por 120 de la legisladora y el envío del caso a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Sin embargo, su colega Cheryl Trigozo planteó una cuestión previa para cambiar la sanción por amonestación pública y 30 días multa, la misma que fue aprobada.
Meses después, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional contra Torres Salinas por concusión. Entre los elementos de convicción hay testimonios, váuchers, capturas de conversaciones y la declaración de un colaborador eficaz.
Lo que ocurrió con el informe que hizo la Comisión de Ética respecto a Rosio Torres no es un caso aislado. También, a través de cuestiones previas, se modificaron las sanciones contra otros parlamentarios señalados de ‘mochasueldos’ como Heidy Juárez y Magaly Ruíz. De igual manera, luego del blindaje, el Ministerio Público formuló denuncias constitucionales contra las legisladoras.
Otros congresistas cuyos casos por presunto recorte de sueldo no avanzaron en la Comisión de Ética son los de José Arriola, Edgar Tello y Alejandro Soto. Los dos primeros también han sido denunciados por Fiscalía, mientras que el último viene siendo investigado preliminarmente.
Otro de los casos sonados en la Comisión de Ética fue el de Rosselli Amuruz por supuestamente haber organizado en setiembre de 2023 la fiesta de cumpleaños de su pareja –negada al inicio– el excongresita Paul García, celebración que acabó en el asesinato de Christian Enrique Tirado. En dicho extremo, la investigación parlamentaria acabó en una amonestación pública y 60 días multa, sanciones que alteraron a la legisladora al punto de amenazar al entonces presidente del grupo de trabajo.
No obstante, cuando se presentó la denuncia de oficio, uno de los hechos atribuidos a Amuruz fue la contratación de allegados de quien sería su pareja Paul García. La legisladora negó alguna relación, lo que le bastó a la Comisión para no investigar.
Por el contrario, la Fiscalía abrió investigación preliminar por las contrataciones sospechosas. Durante dicha etapa, en enero de este año, Amuruz admitió que García es su pareja y que le consultaba “si conocía personas idóneas, capacitadas, que cumplan con los requisitos mínimos o máximos del Congreso para que me puedan sumar en mi gestión”. En junio pasado, el Ministerio Público presentó la denuncia constitucional por negociación incompatible.
Finalmente, el fujimorista David Jimenez Heredia, quien fue señalado de supuestamente haber ordenado a una trabajadora de su despacho a trabajar en su centro de estudios. Para la Fiscalía se trata de un evidente caso de peculado, pero para la Comisión de Ética fue una falta ética que ameritaba una amonestación pública y 60 días multa.
Mientras el Congreso blinda, el Ministerio Público indaga y denuncia.
La Comisión de Ética ha tenido dos casos en los que sí aceptó imponer la sanción máxima de 120 días de suspensión. Fue en los casos de María Cordero Jon Tay y Freddy Díaz. La primera señalada de ‘mochasueldo’ y el segundo de presunta violación sexual e ingesta de alcohol en el Congreso.
En comisión se aprobó la sanción, pero en el Pleno fueron blindados en un inicio. Sin embargo, los parlamentarios retrocederían ante las críticas y aprobaron las sanciones.
