El tsunami de leyes reformistas del Código Penal y el Código Procesal Penal que impulsa el Congreso de la República y el Ejecutivo de Dina Boluarte, inquieta al sistema de administración de Justicia por el impacto pernicioso y catastrófico que genera en la separación de poderes y la independencia de la administración de justicia en el país.
Esta situación ha generado que los jueces y fiscales en Lima y provincias hayan salido ante la opinión público para advertir y denuncia que los actos de la mayoría parlamentaria afecta la independencia judicial y pone en grave riesgo el combate y la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.
La Junta de Fiscales Provinciales de Lima Centró comunicó a la opinión público, a través de las redes sociales del Ministerio Público, que están dispuestos a oponerse a la Ley N° 32,130 que transfiere a la Policía Nacional del Perú (PNP) la investigación del delito, a la vez que dota de mayores garantías procesales a los investigados.
"La Junta de Fiscales Provinciales de Lima Centro, se reunió en Junta Extraordinaria en la fecha (10 de octubre de 2024), con la finalidad de analizar la aplicación de la Ley N° 32130 (...), luego del debate se acordó mantener las atribuciones contenidas en el artículo 159 inciso 4° de la Constitución Política del Estado; asimismo se dicten las instrucciones que correspondan para fortalecer el trabajo fiscal", indicaron en un comunicado suscrito por la presidenta de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Centro, Katharine Borrero Soto
Además, solicitaron "a la Junta de Fiscales Supremos y al señor fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, ejerzan las acciones en defensa del mandato constitucional", lo que supone presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la referida norma legal.
Los fiscales provinciales de Lima no fueron los únicos que reclamaron la inmediata intervención del fiscal de la Nación. En diferentes distritos judiciales del país los fiscales se vienen reuniendo para analizar y debatir que acciones tomar frente a la Ley 32,130 y la direcciones de las investigaciones penales que les asigna la Constitución.
El viernes por la tarde, a través de las redes sociales, se difundió un comunicado de la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Cajamarca en la que se informó de una reunión de coordinación sostenida con el fiscal de la Nación y todos los presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores, a nivel nacional, para evaluar la la reforma aprobada por el Congreso y promulga por el gobierno, el 10 de octubre.
"En dicha reunión la Fiscalía de la Nación ha comunicado que, en aplicación del artículo 69° del Código Procesal Penal, se encuentra en proceso de revisión un instructivo general con la finalidad de establecer lineamientos generales para la aplicación de la Ley 31130 -Ley que modifica el Código Procesal Penal para fortalecer la investigación como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales", el mismo que será aprobado y publicado a la brevedad", anota el comunicado difundido en Cajamarca.
"En este sentido -añade-, SE EXHORTA a los señores fiscales proceder con prudencia frente al marco normativo recientemente modificado, con la finalidad de observar estrictamente la posición institucional que se exprese en el instructivo general pronto a ser publicado, en atención al principio de jerarquía que rige al Ministerio Público".
Un instructivo general es una especie de reglamento de una norma legal que da a los fiscales pautas para la correcta aplicación de una norma procesal. "La única forma que haya un instructivo de esa ley, es el que debe contener la firme defensa de la Constitución en cuanto a las funciones de los fiscales en la investigación del delito", opinó un fiscal supremo.
El miércoles, 9 de octubre, un grupo representativo de jueces de la Corte Superior de Justicia de Lima realizó un plantón en las puertas de Palacio de Justicia para llamar la atención sobre las reformas que promueve el Congreso.
Al día siguiente, los jueces superiores de la Corte Superior de Justicia de Lima se reunieron en Sala Plena y acordaron expresar a la opinión pública "su preocupación y rechazo de toda acción y disposición legal, que pretenda mellar la independencia del Poder Judicial y de los jueces y los debilite en el combate y lucha contra la delincuencia".
Por lo cual, "invocan el respeto a los principio democráticos, como el de separación y división de poderes, que permiten la vigencia de un Estado Constitucional de Derecho y que la ciudadanía cuente con jueces independientes e imparciales", expresaran en un pronunciamiento público.
Los jueces expresaron su preocupación por el debate y aprobación de un proyecto de Ley que modifica la Ley de Carrera Judicial, Ley de Carrera Fiscal y el Código Penal para establecer sanciones disciplinarias y penales a los jueces que dictaren detención preliminar, prisión preventiva o sentencia condenatoria y fueran revocadas por la instancia superior", se lee en el documento publicado a través de sus redes sociales.
También critican que el Parlamento someta a votación trece proyectos de ley que pretenden modificar el Código Procesal Constitucional, suprimiendo el proceso cautelar y la ejecución inmediata de la sentencia cuando el Congreso forme parte.
"Esto motiva una honda preocupación y amerita un debate más amplio y responsable del proyecto de ley en mención, más aún si dichas modificaciones podrían acarrear la responsabilidad del Estado Peruano ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos", enfatizaron los jueces.
Mientras esto sucede en la Corte Superior de Justicia más importante del país, la Corte Suprema de Justicia guarda silenció sobre el intento de la mayoría parlamentaria de sojuzgar legalmente al Poder Judicial y el Ministerio Público.
