El impacto emocional que generan las deudas en las personas suele ser considerable. Por ello, es crucial entender lo que señala la legislación peruana sobre los plazos de prescripción, regulados por el Código Civil del Perú. Estos plazos determinan el momento en que una deuda vencida, como un crédito o préstamo, ya no puede ser reclamada judicialmente, lo que ofrece un respiro a los deudores.
Asimismo, es importante destacar que la prescripción de deudas juega un papel esencial en el ámbito legal y financiero, ya que establece límites de tiempo para que las obligaciones económicas puedan ser exigidas. Esto permite que tanto deudores como acreedores conozcan el período en el que una deuda puede ser objeto de acción judicial.
En el Perú, una deuda bancaria prescribe a partir de los 10 años, de acuerdo con lo estipulado en el Código Civil. Este plazo es fundamental porque, una vez transcurrido, el acreedor pierde el derecho a exigir el pago mediante acciones legales. En otras palabras, el deudor no puede ser demandado por esa deuda en particular después de ese período.
Si transcurren 10 años sin que el acreedor inicie un proceso judicial, el deudor puede solicitar la prescripción de la deuda ante un tribunal. Si la solicitud es aceptada, la deuda se extinguirá legalmente y el deudor quedará liberado de la obligación de pago.
Sin embargo, es relevante señalar que, aunque la deuda no pueda ser exigida judicialmente, seguirá apareciendo en el historial crediticio del deudor. Esto puede impactar su calificación financiera, ya que el registro en entidades como Infocorp puede permanecer por varios años más, depende de las políticas internas y la normativa aplicable.
Al respecto, existen varios tipos de bienes que no pueden ser embargados, y es fundamental conocerlos para proteger el patrimonio personal. En primer lugar, el Código Civil establece que:
En el contexto del embargo de sueldos, es importante destacar que esta medida legal puede ser ordenada por el Poder Judicial, y se lleva a cabo después de que se emite una sentencia a favor del acreedor en un proceso judicial. Generalmente, este embargo puede originarse debido a deudas con instituciones financieras, entidades comerciales o deudas personales que han sido llevadas ante los tribunales.
Adicionalmente, la Sunat y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) poseen la facultad de embargar sueldos en caso de deudas tributarias. En estos casos, retienen una parte del salario del contribuyente deudor para satisfacer impuestos pendientes u otras obligaciones fiscales.
Es fundamental tener en cuenta que el embargo de un sueldo se aplica bajo circunstancias específicas y de acuerdo con las condiciones que establece la ley.
