Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), condenó al régimen de Nicolás Maduro por el secuestro y tortura de menores de edad en Venezuela, especialmente tras las elecciones del 28 de julio. Según Almagro, estos actos inhumanos, llevados a cabo en centros de detención, son crímenes de lesa humanidad que no deben quedar impunes.
Decenas de niños y adolescentes habrían sido arrestados de forma ilegal y sometidos a torturas atroces, lo que, según la OEA, refleja y decencia del régimen venezolano. Almagro exige justicia y responsabilización por estas graves violaciones.
"Los audios y reportes procedentes de los centros de tortura en Venezuela son escalofriantes: menores de edad que son torturados con descargas eléctricas, golpes, falta de alimentación o incluso abusos sexuales", detalla el comunicado de la oficina de Almagro. "Su dolor y sus gritos son un nuevo motivo ineludible para que todos los demócratas exijamos sin ambages el fin de la barbarie en Venezuela", añade.
El Secretario General de la OEA exigió la liberación inmediata de todos los menores detenidos en Venezuela y el cese de cualquier forma de tortura, responsabilizando tanto a los autores materiales como a los intelectuales de estos actos. En su pronunciamiento, la OEA calificó estas acciones como crímenes de lesa humanidad, resaltando que las autoridades del régimen deben enfrentar la responsabilidad criminal internacional.
Almagro denunció que muchos de los detenidos son acusados injustamente de delitos como terrorismo y traición a la patria, siendo juzgados en procesos que carecen de transparencia y garantías judiciales, incluyendo el derecho a una defensa adecuada.
"Debemos velar para que no queden sin castigo y, a tal fin, seguiremos adoptando las medidas en el plano internacional para asegurar que, efectivamente, sean sometidos a la acción de la Justicia", culminó el Secretario General de la OEA.
En Venezuela, según la ONG Foro Penal, hay actualmente 1.916 personas detenidas por motivos políticos, una situación que ha generado preocupación internacional. De este total, 1.676 son hombres y 240 son mujeres, con la mayoría de los detenidos siendo adultos (1.846) y un grupo de 70 adolescentes de entre 14 y 17 años. Estas detenciones aumentaron drásticamente tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La situación postelectoral fue un objeto de condena por parte de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que advirtió sobre la violación de los derechos fundamentales de los detenidos, especialmente de los menores, quienes ven vulneradas sus garantías judiciales y son privados de contacto con sus familias.
“La CIDH expresa especial preocupación por algunas denuncias de tratos crueles, inhumanos y degradantes (…), reitera que el derecho de las niñas, niños y adolescentes a participar en los asuntos que les afecta puede ser ejercido de manera colectiva (…) y recuerda la obligación de los Estados de adoptar medidas efectivas para proteger la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad”, inidicó el texto.
