Menos funcionarios, más impuestos a grandes empresas. Bajo presión para reducir una deuda "colosal" que preocupa a Bruselas, el nuevo gobierno francés presentó este jueves sus presupuestos para 2025, que deberán lograr ahora la aprobación de un Parlamento hostil.
El primer ministro conservador Michel Barnier quiere "evitar una crisis cuyas primeras víctimas serían los más débiles de entre nosotros", aseguró la vocera del gobierno, Maud Bregeon, tras el Consejo de Ministros.
La segunda economía de la Unión Europea busca obtener 60.000 millones de euros (65.640 millones de dólares) para sanear sus cuentas públicos mediante estos presupuestos, que Barnier defendió este jueves como "justos" y "equilibrados".
La deuda pública representaba a finales de junio el 112% del Producto Interno Bruto (PIB) y el gobierno espera que el déficit se sitúe por debajo del límite del 3% previsto en las reglas europeas en 2027, tras reducirlo al 6,1% este año y al 5% en 2025.
Esto supone un revés para la imagen de Francia, sumida en un procedimiento de déficit excesivo en la UE. Con estos presupuestos, que el gobierno niega que sean "de austeridad", busca mantener la credibilidad del país en los mercados internacionales.
Pero su aprobación se anuncia delicada, máxime cuando el nuevo gobierno del presidente Emmanuel Macron carece de mayoría absoluta y ya sobrevivió el martes a una primera moción de censura gracias a la extrema derecha.
Más allá de ajustar las cuentas, que eviten un estallido social en caso de duros recortes o subidas generalizadas de impuestos, Barnier debe contentar a los partidos de su gobierno e incluso a la ultraderecha para evitar su caída.
El proyecto prevé una reducción de gasto público en 40.000 millones de euros (43.750 millones de dólares) y un aumento de impuestos a grandes fortunas y grandes empresas por 20.000 millones de euros.
En el campo de los ingresos, el gobierno pone fin a siete años de una política fiscal favorable a empresas e impondrá durante dos años a unas 400 empresas a una "contribución excepcional" sobre sus beneficios obtenidos en Francia para ingresar unos 12.000 millones de euros (13.100 millones de dólares) entre 2025 y 2026.
Las empresas de transporte marítimo y otros modos de transporte contaminantes también deberán pagar más impuestos y el gobierno estudia además un mayor gravamen para los billetes de avión, que generaría unos 1.500 millones de euros.
En el terreno de los recortes, prevé suprimir 2.201 puestos de funcionarios, sobre todo en la educación pública, una reducción del presupuesto de los ministerios, salvo algunos como el de Defensa, y una simplificación de la administración.
El presupuesto de la Seguridad Social debería también reducirse en unos 15.000 millones de euros (16.380 millones de dólares), entre otras medidas por el retraso seis meses de la revalorización de las pensiones.
El Alto Consejo de las Finanzas Públicas calificó este jueves de "frágiles" las previsiones del gobierno, la víspera de que la agencia de calificación Fitch revele la nota actualizada sobre Francia.
La pelota está ahora en el tejado del Parlamento. El gobierno de Barnier, formado por su partido conservador Los Republicanos (LR) y la alianza de centroderecha de Macron, en el poder desde 2017, carece de mayoría absoluta en la Asamblea Nacional (cámara baja).
La oposición de izquierda ya denunció un "violento" plan de "austeridad" e incluso aliados de Barnier, como el líder "macronista" en la Asamblea y su predecesor en el cargo, Gabriel Attal, criticaron la víspera un plan con "demasiados impuestos".
El primer ministro abrió la puerta a cambios durante el trámite parlamentario, "preservando los equilibrios", pero podría intentar sacarlo adelante sin voto. La Asamblea podría frenar únicamente el proyecto aprobando una moción de censura.
"Barnier no está enviando las señales adecuadas para evitar que votemos una moción de censura", advirtió el miércoles Sébastien Chenu, del partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN), que pidió recortes en la política migratoria.
Una censura del gobierno podría asestar un revés a Macron, cuyo mandato termina en 2027 y es visto como responsable de la actual crisis política. La ultraderechista Marine Le Pen está en posición de fuerza en los sondeos para la próxima presidencial.
