Se concreta la dictadura parlamentaria, avalada íntegramente por el Ejecutivo. Con la primera votación alcanzada para reformar el Código Procesal Constitucional, se está configurando un golpe legislativo destinado a blindar al Congreso en relación con todas sus decisiones, que no podrán ser revisadas por ningún poder del Estado. Es decir, la labor del Poder Judicial en procura del equilibrio de poderes ha sido cercenada en esta primera votación.
El Ejecutivo también ha puesto un ladrillo más en este golpe parlamentario al haber dado luz verde a la ley que entrega la investigación preliminar en hechos que podrían configurar un ilícito penal a la policía, lo que recorta las funciones de los fiscales. Esta ley también fue promovida por la mayoría congresal que cogobierna, compuesta por Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón, César Acuña, entre otros aliados de Dina Boluarte.
Con esta nueva configuración que han dado a las normas, además de incumplir objetivamente el mandato de la Constitución del 93 —que dicen defender—, han consolidado su proyecto antidemocrático para constituirse en una dictadura parlamentaria en la que no existe ni separación ni equilibrio de poderes.
Se trata de darles la vuelta a denuncias constitucionales que tenían perdidas, a como dé lugar. Proponiendo la rebaja de 5 a 4 votos para la aprobación de fallos en el Tribunal Constitucional, están buscando que así se pueda votar contra las demandas de dos miembros de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello y Aldo Vásquez. Al pretender que sus decisiones sobre los ante juicios y acusaciones constitucionales sean irrevisables por el Poder Judicial, están definiendo el camino que seguirán los casos del presidente del JNE o del expresidente Francisco Sagasti, o los exministros Mirtha Vásquez y José Elice. También han citado el caso de la fiscal suprema Zoraida Ávalos como pasible de ser incluida en esta relación de personas a las que se les está persiguiendo políticamente.
Este es sin duda un golpe de Estado promovido por un Congreso todopoderoso y un Gobierno groseramente inútil. Es lamentable que, 30 años después, sigamos reproduciendo el golpe del fujimorismo al Estado de derecho.
