La Corte Suprema impuso prisión efectiva para dos ex altos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y a uno del Banco de la Nación por haber contribuido en la consumación de la compra de 39 aeronaves de combate mediante un esquema de corrupción durante el régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, entre 1996 y 1998.
Según la acusación del fiscal anticorrupción Juan Manuel Fernández, el exdirector general del Tesoro Público Marcelino Cárdenas Torres, el exdirector general de Presupuesto Público Reynaldo Bringas Delgado y el exgerente general del Banco de la Nación José Miguel de Priego Palomino que crearon los vendedores de armas.
Estos exfuncionarios públicos no formularon ningún tipo de cuestionamiento, sino más bien acataron las órdenes sin sustento legal de Fujimori y Montesinos, para abonar un total de US$558.345.420 por los aviones de guerra de fabricación rusa MiG-29 y Sukhoi-25.
Las máquinas eran de segunda mano, no contaban con repuestos ni armamento ni tampoco cumplieron con las exigencias técnicas que se necesitaban para un eventual conflicto con Ecuador. Además, se amañó una licitación para favorecer a una compañía que había organizado Vladimiro Montesinos con un grupo de vendedores de armas conocidos por pagar millonarias coimas. Las entidades fiscalizadoras como la Contraloría General de la República, en lugar de denunciar los contratos, avaló el proceso.
La Corte Suprema no dudó en señalar que la adquisición de los 39 aviones de guerra fue un caso de corrupción a gran escala: “Alberto Fujimori Fujimori y Vladimiro Montesinos Torres idearon y dirigieron una megaoperación de defraudación al Estado.
Marcelino Cárdenas Torres, Reynaldo Bringas Delgado y José Miguel de Priego Palomino, pudieron haber rechazado avalar las transferencias de dinero a la empresa de fachada panameña Treves Intora, a cuyas cuentas se dirigieron los US$558.345.420.
Por el contrario, estos Estos fueron los contratos corruptos:
Del sobrecosto por aeronaves en desuso y sin armamento, salieron las coimas para los civiles y militares que fueron parte del esquema de corrupción: “¿Está probado que los funcionarios, tanto del Ministerio de Defensa (Fuerza Aérea del Perú) como del Ministerio de Economía y Finanzas, recibieron comisiones por su actuación en la compra de los aviones? Sí lo está”. Al respecto, se precisa que dicha cuestión de hecho alude al comportamiento desplegado por el exministro de Economía Jorge Camet Dickman y el exviceministro de Hacienda Alfredo Jalilie Awapara”, señala la sentencia de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema.
La posibilidad de una guerra con Ecuador fue el pretexto de los conspiradores para apurar la adquisición de las aeronaves de combate. El verdadero propósito de la operación fue defraudar al Estado.
Con el consentimiento de Alberto Fujimori, Moshe Rothschild, Enrique y Óscar Benavides Morales, y Claus Corpancho Kleinicke, la venta de los aviones procedentes de Bielorrusia. Fundaron en Lima la empresa de fachada W21 Intertechnique, que presentó a la Fuerza Aérea del Perú (FAP) la propuesta de los MiG-29 y Sukhoi-25, en Panamá registraron a la compañía de fachada Treves Intora, que a su vez actuaba como intermediaria de la firma estatal bielorrusa Beltechexport.
Una investigación de La República adelantó que el gobierno de Fujimori y Montesinos había armado el fraude, dos meses antes de la suscripción del primer contrato.
En 1998, cuando comenzaron a salir a la luz más evidencias de operación corrupta, Montesinos negoció con los rusos la compra de 3 MiG-29-SE nuevos, además de un contrato de repuestos y armamento, para destinarlos a los MiG-29 que vendió Bielorrusia, que no contaban con armamento ni con capacidad de vuelo para llegar a Ecuador.
En ambas adquisiciones, con los bielorrusos y los rusos, se pagaron millonarias comisiones. Para entonces, no se requerían más aeronaves.
“En la f, pues en el mes de julio de 1998 el Perú se encontraba negociando la paz con Ecuador. Además, las aeronaves fueron entregadas en noviembre de 1998 y enero de 1999”, señala la Corte Suprema.
“La finalidad del contrato (con los rusos) fue cubrir el accionar ilícito realizado en la compra de 18 aviones MiG-29 y Sukhoi-25, pues se adquirieron aviones en desuso e inservibles”, se lee en la sentencia.
Esto es lo que sucede cuando no hay transparencia en las contrataciones de equipamiento militar, se apela al secreto o se simulan licitaciones.
En 2010, por la compra de las aeronaves de combate a Bielorrusia. Respecto al monto que aproximadamente obtuvo Montesinos, la Corte Suprema reseña un cálculo: “Acorde a la propia pericia de la Procuraduría, la fiscal especial de Zúrich, Suiza, señaló que existen comisiones ilícitas (sobornos) depositadas en cuentas bancarias de este país por la empresa (estatal rusa) Rosvooruzhenie (que vendió los 3 MiG-29-SE en 1998) a nombre de Vladimiro Montesinos por el monto de US$48 millones, que según la investigación de la fiscal provienen de depósitos ilegales sobre comisiones derivadas de la venta de equipamiento militar”. Y no se cuenta lo recibido por Alberto Venero Garrido, el testaferro de Montesinos, y amigo íntimo de Andrés Hurtado Grados, Chibolín.
El propio Montesinos reconoció la implicación de los funcionarios del MEF y el BN, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema: “Por las declaraciones de Vladimiro Montesinos Torres, señaló haber tomado conocimiento por parte de Alberto Fujimori de que el por las facilidades que brindaron desde el Ministerio de Economía y Finanzas, asignando los recursos presupuestales para la compra de aviones. Esto se habría logrado a través de la coordinación del citado viceministro con el director nacional de Presupuesto Público (el encausado Reynaldo Bringas) y con el director Nacional de Tesoro Público (Marcelino Cárdenas), en coordinación con el gerente general del Banco de la Nación (José Miguel de Priego), lo cual explicaría la manera como pasó de forma tan rápida el dinero público a las cuentas en el extranjero, incumpliendo diversas normas y que perjudicaron gravemente al Estado peruano”.
El fiscal anticorrupción del caso, Juan Manuel Fernández, destacó a La República el fallo de la Corte Suprema: “Es la primera vez que se logra una condena firme para exfuncionarios del Ministerio de Economía y del Banco de la Nación, con cuya participación se consumó un megacaso de corrupción que nunca más debe repetirse”.
