La congresista Susel Paredes se pronunció a través de sus redes sociales para calificar de "golpe de Estado" la decisión del Pleno en aprobar en primera instancia la ley que modifica el Nuevo Código Procesal Constitucional y resaltó su voto en contra del dictamen. Paredes denunció que la aprobación, con 70 votos a favor, rompe el equilibrio y la separación de poderes, lo que, en su opinión, coloca a la democracia en una grave crisis.
"Mi voto en contra de este golpe de Estado. Se ha roto el equilibrio y separación de poderes ¡70 votos a favor de este golpe de Estado! La democracia en grave crisis, las libertades en peligro", se lee en la publicación en 'X', antes Twitter. El dictamen fue aprobado en el Pleno del Congreso con el respaldo de las bancadas: Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Podemos Perú, Perú Libre, Acción Popular, Bloque Magisterial, Avanza País y Somos Perú.
Tal como La República informó, antes de la aprobación, el vocero de Fuerza Popular, Arturo Alegría, solicitó una reconsideración para repetir la votación del proyecto, ya que inicialmente el dictamen solo había obtenido el apoyo de 64 congresistas. Esta vez, la reconsideración recibió 72 votos a favor, luego de que Alegría mantuviera conversaciones con los parlamentarios de Acción Popular, Elvis Vergara y Luis Aragón, según informaron fuentes del Congreso.
El dictamen aprobado por el Congreso de la República busca reducir de seis a cuatro los votos necesarios en el Tribunal Constitucional (TC) para resolver demandas competenciales, como parte de una modificación del Nuevo Código Procesal Constitucional. Esta ley tendría un impacto directo en la demanda competencial presentada por el Congreso contra el Poder Judicial, relacionada con la medida cautelar que dispuso la restitución temporal de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Inés Tello y Aldo Vásquez. El objetivo principal del dictamen es facilitar la validación de la decisión del Congreso de inhabilitar a ambos consejeros, lo que afectaría la composición de la JNJ.
El dictamen también establece un procedimiento especial para demandas contra decisiones exclusivas del Congreso, como las acusaciones constitucionales, que deberán ser resueltas en un plazo de 60 días sin posibilidad de medidas cautelares. Tras la aprobación de la ley, Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución, destacó que evitaría que magistrados "politizados" bloqueen decisiones del Congreso. La ley aún debe ser sometida a una segunda votación antes de ser enviada al Ejecutivo para su promulgación.
