Una organización hondureña exigió este miércoles protección para la familia y los compañeros del ambientalista Juan López, asesinado el 14 de septiembre.
El activista de 46 años, que impulsaba una cruzada contra una mina a cielo abierto, fue asesinado a tiros tras salir de una iglesia católica de Tocoa, 220 km al noreste de Tegucigalpa, donde también era concejal, en un hecho condenado por la ONU y por el papa Francisco.
"Estamos haciendo un llamado al mecanismo de protección de los derechos humanos (...) para darle protección a la esposa, los hijos de Juan López y sus compadres que lo acompañaban" en su campaña, dijo la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, Berta Oliva.
"Ellos están en peligro", aseguró la activista en rueda de prensa.
Leonel George, compañero de López en el comité ambientalista y también concejal, dijo a la AFP en entrevista telefónica que la esposa y las dos hijas ya cuentan con protección policial, pero otras personas de su entorno siguen en peligro.
"Hay suma preocupación porque con la captura [de cuatro sospechosos del crimen] y los procesos el riesgo se incrementa para los que estamos en labor de exigir justicia", dijo George.
Cuatro supuestos autores materiales del crimen fueron detenidos en días pasados, pero las organizaciones sociales dicen que falta arrestar a los autores intelectuales.
López era un férreo opositor a la explotación minera a cielo abierto y denunció daños en una reserva forestal y a ríos de la zona de Tocoa.
En noviembre de 2021, López había hablado en una entrevista con la AFP sobre los riesgos que corrían los ambientalistas en Honduras. "Cuando uno se mete en este país a defender los bienes comunes [...] entra en choque con los grandes intereses", dijo.
El crimen de López evocó el caso de la reconocida ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada en 2016 en uno de los países más letales para los activistas por el medioambiente, según la ONG Global Witness.
