Los peruanos y peruanas nos encontramos en el absoluto abandono institucional. No es solo una crisis política; es una crisis que recoge otras crisis no atendidas. Ya no se trata únicamente de la ausencia del Estado o de la ineficiencia de las autoridades para solucionar problemas urgentes como la inseguridad ciudadana. Se trata de un gobierno que opera, a todas luces, de espaldas a la población. La impunidad está normalizada, pero ahora también institucionalizada, a través de proyectos de ley que fortalecen y dan poder (y tiempo) a las mafias y redes criminales.
El próximo paro nacional de transportistas, anunciado para este 10 de octubre, refleja la situación de insostenibilidad política y social que atravesamos. No se sale a protestar para exigir mejoras en el servicio, en las condiciones laborales o en los precios; se sale a protestar para exigir al Gobierno que nos dejen de matar. En pocas palabras, las decisiones del Ejecutivo y del Legislativo están vulnerando un principio fundamental: el derecho a la vida y a la integridad de las personas.
Pese a esto, el domingo 6 de octubre, Fredy Hinojosa, vocero presidencial, sostuvo que la anunciada protesta se está politizando y mencionó que “el Perú no puede paralizarse”. Quienes vivimos en este país sabemos que el Perú ya se encuentra paralizado. Por ello, no hay nada más coherente y necesario que hacer política desde la ciudadanía, y el paro nacional es un claro ejemplo.
La crisis social y política ya se empieza a sentir con más fuerza en el quehacer cotidiano. Ya no es un entramado de sucesos lejanos y de carácter nacional; ahora se reconoce que hay una afectación directa a la calidad de vida de las personas en su día a día. A la indignación social se suman también el miedo y la incertidumbre. No es casualidad que unidades más pequeñas, locales e informales, como taxis, mototaxis, combis y colectiveros, también se sumen a la protesta convocada y a otras movilizaciones en los próximos días.
