En el ámbito de los derechos laborales en el Perú, uno de los casos más sonados fue una denuncia contra el Congreso de la República por discriminación y hostigamiento a una trabajadora. El suceso puso en la mira a las instituciones públicas y su relación con las condiciones laborales de sus empleados, resaltando la importancia de garantizar entornos laborales saludables y libres de abuso. Este caso escaló hasta ser un proceso sancionador que derivó en una multa significativa impuesta por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).
Sunafil impuso una multa de 500.000 soles al Congreso debido a actos de discriminación y hostigamiento laboral cometidos contra una trabajadora gestante, Emily Silva Ugarte. Se comprobó que su despido estuvo motivado por su negativa a aceptar un recorte salarial, lo que la llevó a denunciar al congresista Edgar Tello y al entonces presidente del Congreso, José Williams. Sunafil determinó la existencia de faltas graves, como hostilidad, maltrato y degradación del puesto.
Emily Silva Ugarte denunció a Edgar Tello por pedirle que aceptara una reducción de su salario y exigirle dinero para la compra de un proyector. Tras su negativa, fue cesada de su puesto de asesora con 29 semanas de embarazo. También reportó haber sido degradada de su cargo, lo que afectó su estabilidad laboral y su salud, tanto física como emocional. Además, acusó al congresista de exigir parte de su sueldo de manera constante.
Tras seis meses de investigación, Sunafil identificó tres faltas muy graves y dos graves cometidas por el Congreso en perjuicio de Emily Silva Ugarte. El ente fiscalizador concluyó que hubo actos de hostilidad laboral, maltrato, degradación de puesto y un grave riesgo para la salud de la trabajadora y su hijo. Además, calificó las acciones como discriminación y hostigamiento laboral, lo que motivó la sanción económica de medio millón de soles contra el Congreso de la República.
Emily Silva Ugarte fue reincorporada en agosto de 2023 al Departamento de Comisiones del Congreso, pero con un contrato de tres meses y un sueldo de período de prueba, lejos de su cargo original como asesora. Al finalizar este contrato, fue asignada a tareas en el sótano del Congreso, alejándola aún más de sus funciones habituales.
