El Pleno del Congreso sesionará este 9 y 10 de octubre. Entre los temas más importantes que han agendado para este miércoles y jueves están los dictámenes que proponen la tipificación del delito de terrorismo urbano y el nuevo golpe al sistema judicial, que disminuye a 4 votos los procesos competenciales que se evalúen en el Tribunal Constitucional. En otras palabras, buscan reducir ello previo a este viernes 11 que se verá la demanda competencial del Congreso contra el Poder Judicial, que busca anular la demanda de amparo y así destituir a Aldo Vásquez e Inés Tello de la Junta Nacional de Justicia.
De acuerdo a la agenda del Pleno, no se ha introducido el proyecto de ley del Ejecutivo que buscaba criminalizar las protestas pacíficas. El dictamen de los 17 proyectos de ley se mantienen vigentes, tal y como la semana que pasó a cuarto intermedio ni bien iniciado el debate. Este proyecto de ley viene siendo cuestionado de manera muy dura por los expertos en materia de crimen organizado y seguridad ciudadana debido a que no influiría en lo absoluto en la tasa de extorsiones y demás delitos.
Rubén Vargas para un informe que se realizó en La República, aseguró que este proyecto de ley no es la mejor respuesta ni la más adecuada ante el desafío de la inseguridad. El experto advirtió que las estrategias como el incremento de penas o la modificación de nombres de delitos, como en el caso del terrorismo urbano, son acciones que caen en la demagogia y el populismo penal irresponsable. En sus palabras, estas medidas buscan transmitir una imagen de mano dura, pero en realidad son anuncios efectistas que, aunque puedan recibir aplausos fáciles de una población temerosa, no contribuyen a abordar la raíz del problema.
En torno al dictamen del Nuevo Código Procesal Constitucional, entre lo más preocupante está que busca reducir a 4 los votos necesarios para que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva procesos de demanda competencial. Este dictamen que será debatido en los días ya mencionados coincide con una audiencia en el TC dos días después, relacionada con la demanda competencial presentada por el Parlamento contra el Poder Judicial por la restitución de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez e Inés Tello. Tras esta audiencia, el TC tomará una decisión al respecto, amparado en la ley impulsada por el fujimorismo y sus aliados, que le otorga la facultad de resolver el conflicto con el nuevo número de votos.
Asimismo, este dictamen también establece que los jueces no están autorizados para procesar solicitudes de amparo contra resoluciones adoptadas en el Congreso en el marco de su función de control político. Esta restricción abarca las acusaciones constitucionales. Los jueces rechazan los procesos constitucionales y medidas cautelares que cuestionen el ejercicio de atribuciones privativas del Congreso de la República referidas a la elección, designación, ratificación y remoción de altos funcionarios, y al proceso legislativo, así como las vinculadas al juicio y antejuicio político, y a la vacancia y suspensión presidencial", se lee en dicho proyecto.
