Luego de que varios gremios de transporte hayan comunicado su posición respecto a un nuevo paro de transporte para este 10 de octubre, la Confederación de Gremios de Transporte de Carga del Perú, indicó que no acatarán dicha medida, pero en caso no vean resultados del gobierno en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, saldrán a las calles a levantar su voz en protesta.
Sin embargo, a pesar de que no participarán el paro de este 10 de octubre, la confederación indicó que respaldan la medida de los otros gremios de transportistas, por lo que exhortan al Gobierno de Dina Boluarte a tomar las medidas necesarias para disminuir la ola de violencia que viene golpeando a los transportistas de diversos sectores.
En el comunicado de la Confederación de Gremios de Transporte de Carga del Perú, se lee que el gremio exige que se "tomen acciones drásticas que conduzcan a eliminar las organizaciones criminales que azotan al país, realizando para ello, una profunda reorganización del Ministerio Público y Poder Judicial, principales responsables de la liberación de más del 90% de los delincuentes capturados en flagrancia", afirman en el comunicado.
Además, indican que su ausencia para este paro del 10 de octubre, se debe a que "el transporte de carga mueve al país y este no debe parar por la desidia de algunas personas que conducen la rienda de nuestra golpeada nación. Somos conscientes de las graves consecuencias que ello significa para nuestra economía y de la ciudadanía en general".
Con ello, la confederación resalta que su decisión de no participar para este siguiente paro no significa que estén en desacuerdo, sino todo lo contrario, aprueban dicha medida y que no le dan "la espalda a quienes se encuentran en una posición distinta".
La Unión Nacional de Transportistas del Perú (UNT), también se sumió a los pronunciamientos al unísono que los otros gremios. Ellos resaltan la ola de inseguridad ciudadana que afecta al desarrollo del país, enfocándose en el transporte tanto de carga como el de personas, es decir, el público, tomando como exigencia la derogación de la Ley pro crimen organizado, y dejar sin efecto la ley de terrorismo urbano, que afecta al derecho a la protesta.
"Considerando que la seguridad ciudadana es uno de los principales derechos y obligaciones en un Estado de Derecho, es que exigimos que las instituciones involucradas, que tienen competencia en su cumplimiento, deben adoptar las acciones que correspondan para combatir la criminalidad organizada", se lee en el comunicado de la UNT.
También la UNT aprovechó en recordar al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y al Poder Ejecutivo, que aún tienen temas pendientes, de los cuales destacan "Peaje60, Programa Piloto de Cambio de Matriz Energética, Déficit de Conductores, precio del diesel, entre otros".
