A través del Ministerio de Infraestructura, el Gobierno de Dina Boluarte asegura que se acelerarán los proyectos al estar concentrados en una sola cartera, y ya no dispersa en “decenas de entidades públicas” —en voz del premier Gustavo Adrianzén—.
El heraldo de Boluarte ha reiterado que dicho ministerio se hará cargo de la elaboración de nueva infraestructura a fin de dinamizar rubros como la minería, agroexportación y producción en general.
“Tenemos decenas de entidades públicas encargadas de construir y no lo podemos seguir permitiendo porque dispersamos las funciones, incrementamos el gasto público y las horas hombres se duplican”, mencionó Adrianzén a la prensa.
Vale acotar que el proyecto de ley n° 8508/2024-PE —que crea el Ministerio de Infraestructura tras la absorción de 13 organismos estatales— ya se envió al Congreso. Según Adrianzén y especialistas, estará listo en agosto del 2026; es decir, lo heredará el sucesor —o sucesora— de Boluarte Zegarra.
No obstante, desde la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) se oponen a la creación del Ministerio de Infraestructura porque no cumplirá los “ambiciosos objetivos y tareas” que se han propuesto, tal como ya ha sucedido —según el gremio— con la extinta Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) o la reciente Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).
¿Las razones? Capeco cuenta a La República que dichos proyectos nacieron —y nacerán— con un débil modelo de gestión, ya que concentran y centralizan desde pliegos hasta recursos.
“Insistir en este modelo, pero a mayor escala como se pretende (con el Ministerio de Infraestructura) no garantiza alcanzar resultados positivos. Se adscribirán entidades ejecutoras, y ello implica una modificación significativa de la estructura del Ejecutivo, tomará tiempo largo”, contó a los medios de comunicación, Guido Valdivia, director de Capeco.
Este escenario de ajuste afectaría la ejecución de obras en marcha; sumado a que dificultará la coordinación entre ejecutoras y ministerios de los que dependían a la hora de fijarse políticas sectoriales. Valdivia recuerda que anteriormente se intentó algo igual, como el Ministerio de Fomento (1896) y el Ministerio de la Presidencia (1985), los cuales mermaron el principio de especialización.
El Poder Ejecutivo se ampara en la experiencia internacional, donde un Ministerio de Obras Públicas “ha impulsado el desarrollo de infraestructura”; sin embargo, Capeco sostiene que los ministerios sectoriales y las agencias especializadas son realmente exitosas. Estados unidos, Canadá, Reino Unido y Australia dan fe de ello.
Valdivia recalcó que el nuevo ministerio hará que se pierdan estímulos al logro de metas y ejecución de proyectos; sumado a que generará ineficiencias burocráticas al concentrar la toma de decisiones y manejo de pliegos.
“Centralizar las obras públicas en un ministerio en Lima podría crear una desconexión entre el Gobierno central y las necesidades reales de las regiones. Esto es particularmente problemático en un país tan diverso geográficamente como Perú, donde las regiones tienen necesidades de infraestructura diferentes”, concluyeron.
Entre las entidades que se fusionarán con el Ministerio de Infraestructura, encontramos a la neonata Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y el Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión (OEDI), así como a diversos frentes sectoriales: desde Agrorural, Pronied y Fondepes, hasta Provías —tanto a nivel nacional como a nivel descentralizado—.
En un primer momento, el régimen de Dina Boluarte buscó adherir también a Proinversión al Minfra —en un pliego de 17 entidades absorbidas—, mas desistieron y redujeron el bolo.
