Avelino Guillén, exfiscal que investigó al fallecido Alberto Fujimori, aseguró que las leyes que viene impulsando el Congreso y el Ejecutivo contra la criminalidad, no son más que "medidas demagógicas y populistas", con las que buscarían engañar a la opinión pública de que están trabajando, cuando en sí, es el Gobierno quien viene dando más beneficios a los delincuentes. “Yo no imaginé que podía llegar a estos niveles”, expresó.
En una entrevista para el portal Ojo Público, Guillén comparó el actual Gobierno de Dina Boluarte con el régimen de los años 90 de Alberto Fujimori, destacando que el Ejecutivo busca darle impunidad a militares y policías a través del proyecto de ley contra el terrorismo urbano, amenaza a la libre protesta de los ciudadanos y, además trata de limitar la labor fiscal durante las investigaciones a altos funcionarios del Estado.
De acuerdo con el exfiscal, la Ley 32108 que ha generado cambios al crimen organizado, solo ha logrado que se dejen fuera delitos menores de seis años, entre ellos la extorsión, el principal crimen que viene afectando a decenas de negocios, transporte y emprendimientos.
"Comienza con la desactivación del equipo policial que apoyaba al Ministerio Público en las investigaciones del equipo especial a cargo de la fiscal Barreto. Ellos iniciaron una investigación muy importante contra Nicanor Boluarte por el caso 'Los Waykis en la sombra'. Este inicio, de esta seguidilla de normas y modificaciones es en represalia a la actividad del Ministerio Público, de realizar investigaciones a congresistas, a altos funcionarios del Estado, a personajes vinculados al Poder Ejecutivo", explicó.
Para Guillén la solución está, en primer lugar, en derogar la Ley 32108, una opinión que es compartida por el Colegio de Abogados de Lima. Seguidamente, depurar la Policía Nacional del Perú. "La Policía no está en condiciones de perseguir a la delincuencia si tiene muchísimos integrantes que están cuestionados por graves casos de corrupción y abuso policial (...). Lo que se tiene que hacer es optimizar el rol del Estado para combatir la delincuencia, derogar todas estas normas", señaló.
Asimismo, volvió a precisar que si se aprueba la normativa contra el terrorismo urbano, ocasionaría que toda persona que proteste sea calificado de "terrorista". En esa línea, se refirió a la propuesta del Ejecutivo, en la cual busca que el Ejército y la PNP sean juzgados por el fuero militar: "El homicidio, la tortura, el abuso de autoridad, el maltrato, esos no son bienes jurídicos militares, esos son delitos comunes. Independiente si el agresor es civil o militar o policía, igualmente tiene que responder ante la justicia. El hecho de que sea militar o policía no lo exonera de su responsabilidad por el delito que ha cometido".
