El problema de la inseguridad ciudadana relacionada con la extorsión parece no disminuir; debido a ello, el sector de transportes ha anunciado un nuevo paro a nivel nacional pactado para el 10 de octubre. En este contexto, el ministro de Salud, César Vásquez, se ha pronunciado y dijo que la protesta debe ser pacífica sin obstruir el libre tránsito de las demás personas. Asimismo, aseguró que el Gobierno se encuentra trabajando para que todo sea resuelto lo más pronto posible.
"El derecho a la protesta no significa que se vulnere el derecho a los demás. Es decir, si yo bloqueo una carretera estoy impidiendo el tránsito a las personas además que es un derecho constitucional. Entonces, uno para exigir que respeten sus derechos tiene que empezar respetando el derecho de los demás. Porque cuando la protesta la hace un sector, no quiere decir que estén de acuerdo todos", declaró a la prensa el titular de Salud.
El ministro subrayó que se debe investigar con cautela para poder ver quiénes se manifiestan pacíficamente y quiénes tienden a radicalizar la protesta.
El ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, respondió a la prensa por el paro nacional anunciado por distintos gremios que tendrá como fecha el 10 de octubre, señaló que no era necesario una medida así que hay sectores que intentar aprovechar esto de manera política porque ellos se encuentran dialogan con la ciudadanía.
"Ya se está haciendo el trabajo de lado del ministerio del Interior (...) en el caso de la Policía ya se están haciendo intervenciones. Estamos trabajando, nos hemos reunido con el 85% de los transportistas así que creemos que no es necesario paralizar la ciudad. Seguiremos dialogando y resolviendo, ya hay recursos, hay Fuerzas Armadas acompañando a la Policía Nacional. Es importante y tener mucho cuidado que no se mal utilice un problema real para aprovechamiento político", señaló el ministro.
Hernán Mendieta, el presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional se presentó en Canal N y dijo que esta nueva medida se dará debido a que el rubro de los transportistas no han visto una disminución importante de las amenazas de extorsión de las que son víctimas diariamente. Asimismo, solicitó al Gobierno de Dina Boluarte que deroguen la ley pro crimen pues sostiene que eso solo beneficia al delincuente y dificulta el proceso de allanamiento.
