El Congreso peruano avanza de manera firme con la modificación antojadiza de las normas penales para garantizar la impunidad. De momento son siete las leyes más nítidas promulgadas para desmantelar la lucha contra actos delictivos como la corrupción y el crimen organizado, y las violaciones de los derechos humanos que cometieron terroristas y militares durante el conflicto armado interno.
Estas siete normas fueron aprobadas en forma paralela con las maniobras del Congreso para el control del Tribunal Constitucional y la Defensoría. Similar es la aspiración para el manejo de la Junta Nacional de Justicia. Pero como ello no es suficiente, el Legislativo apunta también al desmantelamiento de las normas penales.
En esta trama, Perú Libre y Fuerza Popular aparecen como los principales responsables, ya sea como autores directos o como impulsores de las normas desde las comisiones que presiden de Justicia y Constitución. Pero ambos grupos no podrían concretar sus fechorías normativas de no ser por el voto cómplice de las demás bancadas.
La primera norma que aprobó este Congreso para promover la impunidad fue la llamada Ley Soto (31751). La norma consiste en la manipulación de los plazos de prescripción para salvarse de determinados procesos y Alejandro Soto fue el primer beneficiado, en un juicio por estafa. Luego el prófugo Vladimir Cerrón intentó acogerse a la ley.
La iniciativa fue presentada por el cerronista Flavio Cruz y tuvo el apoyo de Fuerza Popular, APP y otras bancadas. Sin embargo, al menos en seis oportunidades, los jueces inaplicaron esta norma. Esto motivó al Congreso a aprobar una nueva ley (32104) para obligar a los magistrados a acatar la Ley Soto.
El 21 de marzo fue promulgada la ley 31990, que debilita el sistema de colaboración eficaz. El cerronista Américo Gonza fue el responsable de promover esta norma, desde la Comisión de Justicia, a partir de un proyecto antiguo de María Cabrera (hoy aspirante a la JNJ).
El objetivo fue recortar los plazos en los procesos de colaboración eficaz, situación que termina favoreciendo a la impunidad en casos como el crimen organizado o la corrupción.
En las últimas semanas ha crecido la exigencia para la derogatoria de la ley 32108, por fortalecer el crimen organizado. Pero no es la única norma. El Parlamento también sacó la ley 31989 que hace reajustes a la Ley Contra el Crimen Organizado e impide a los policías a incautar artículos ilícitos de la minería ilegal.
También salió la ley 32054, que excluye a los partidos de toda responsabilidad penal. Coincidentemente, la Fiscalía investigaba a Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular y Podemos Perú por organización criminal. Esta ley fue posible gracias a dictámenes del fujicerronismo que dirige las comisiones de Constitución y Justicia.
El Parlamento también sacó la ley 32017, que establece la impunidad para los terroristas y exmilitares o otros funcionarios del Estado que cometieron delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado interno de los años ochenta y noventa. Se trata de la ley impulsada por el fujimorista Fernando Rospigliosi y José Cueto (Renovación Popular).
En toda esta dinámica de impunidad, las leyes 31990, 32107 y 32108 fueron promulgadas directamente por el Congreso, mientras Dina Boluarte decidió no formular observaciones.
