Benji Espinoza, abogado la suspendida fiscal Elizabeth Peralta, dijo en una entrevista a RPP que su clienta había guardado estos audios porque venía siendo chantajeada así que era una víctima. Asimismo, afirmó que la obtención de estas pruebas se habrían dado al margen de la ley al no cumplir con los plazos que se dictaminan, por lo que iba a solicitar que se retire de las investigaciones el presunto audio de Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez.
"Ella era víctima de un delito, si ella tuviera algo que ocultar, ella lo hubiera desaparecido y se ha encontrado en una diligencia de un allanamiento encubierto, es grave que la Fiscalía abuse de su poder, viole la inviolabilidad de domicilio y lo que es peor, cite a una diligencia sin cumplir con el plazo de ley. A nosotros nos citan un viernes para que se transcriba un audio un domingo y la ley dice que deben pasar tres así, esa fue la razón por la que no participamos", señaló.
La defensa de Peralta aseguró que su clienta no tiene pensando en ser colaboradora eficaz pero que sí está dispuesta a colaborar con la justicia para una correcta investigación.
"Colaborador eficaz son los delincuentes y mi clienta no es delincuente, ni testigo protegido ni confesión sincera, nuestra estrategia es de refutación y vamos a demostrar que la Fiscalía se equivoca", declaró.
El caso 'Chibolín' sigue dando que hablar, este personaje excéntrico se encuentra actualmente recluido en el penal de Lurigancho, mientras que los otros investigados se encuentran con comparecencia con restricciones.
Este caso nace desde que el último 4 de septiembre, la señora Ana Siucho, esposa del futbolista Edison Flores, acusó a Hurtado de haber ayudado a su hermano y primos en unas gestiones a través de sus contactos. Afirmó que 'Chibolín' a través de su nexo con la entonces jefa de Migraciones, Roxana del Águila, habría ayudado a agilizar un trámite para que Roberto Siucho pueda quitarse la nacionalidad peruana. Posteriormente, Ana Siucho dijo que Hurtado le solicitaba dinero a su hermano para "ayuda social" y reveló que habría pedido una coima de un millón de dólares para facilitar la devolución de un cargamento de oro incautado a Javier Miu Lei.
El Poder Judicial ha dictado comparecencia con restricciones para la fiscal Elizabeth Peralta y el empresario Javier Miu Lei, a quienes se les acusa de tráfico de influencias. Además, Andrés Hurtado ha recibido una sentencia de 18 meses de prisión preventiva por el mismo delito. La investigación se centra en la devolución de cuatro lingotes de oro confiscados a la empresa de Miu Lei, los cuales habrían sido devueltos mediante sobornos a la fiscal Peralta, con la intermediación de Hurtado.
En la resolución judicial se detalla que Peralta debe pagar una fianza de S/35.000, mientras que Miu Lei tiene que abonar S/1.000.000, en un plazo de tres días. Estos montos se establecen como cauciones económicas, es decir, se devolverán una vez finalizado el proceso judicial.
