El Poder Judicial rechazó la solicitud de la Procuraduría General del Estado de imponer el pago de una reparación civil a la fiscal suprema titular Zoraida Ávalos Rivera, al haberse establecido que no cometió ningún acto ilícito, es decir que nunca omitió sus funciones en la investigación primigenia al ex presidente Pedro Castillo.
La Procuraduría General pretendía que Ávalos Rivera pague una reparación al Estado de 200 mil soles por un supuesto daño que habría ocasionado al Estado al supuestamente no investigar a Castillo, es decir, volvía a insistir en la hipótesis del Congreso de que no se investigó al expresidente desde noviembre del 2021.
Al respecto, mediante una resolución, el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley Soria recuerda que la Corte Suprema archivó la investigación preparatoria a la referida fiscal suprema al establecer que se ha demostrado que Ávalos sí dispuso una investigación a Pedro Castillo a partir de diciembre de 2021, un mes después de que la prensa reveló la existencia de supuestos hechos ilícitos.
Lo que supone que Zoraida Ávalos no cometió ningún acto ilícito, que el supuesto hecho ilícito que le atribuyó el Congreso no existió, por lo que tampoco se puede hablar de un daño moral causado al Estado. Si los actos funcionales desarrollados por la fiscal suprema fueron lícitos no hay sanción penal y tampoco reparación civil, concluye el juez.
El juez supremo explica que si bien la Ley establece que es posible el cobro de una reparación civil ante una sentencia absolutoria o una resolución de sobreseimiento de la acción penal, se requiere mínimamente que la fiscalía haya presentado una acusación penal, que el proceso se encuentre en la etapa intermedia (control de acusación) y que se pueda probar que los hechos ilícitos existieron.
Además, enfatiza que el proceso penal contra la fiscal suprema Ávalos Rivera se archivó, el 23 de septiembre de 2023, vía una "excepción de improcedencia de acción" cuando se encontraba en la etapa de investigación preparatoria, es decir, en un momento en que no existía una acusación penal. La misma fiscalía retiró los cargos y luego no apeló el archivo del proceso.
Fue la Procuraduría General del Estado la que apeló la resolución que acogió la "excepción de improcedencia de acción". El 31 de mayo de 2024, la Corte Suprema confirmó el archivo definitivo del proceso penal contra Zoraida Ávalos, pero dispuso que el juez de la investigación preparatoria examine si era procedente la solicitud de pago de reparación civil.
Recién entonces, el 9 de agosto de 2024, la Procuraduría General del Estado plantea el pago de una reparación civil de 200 mil soles. "DECLARAR IMPROCEDENTE la pretensión civil formulada por la Procuraduría General del Estado contra Zoraida Avalos Rivera, respecto de los hechos investigados como delito contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos, modalidad omisión de actos funcionales tipificado en el artículo 377° primer párrafo del Código Penal; disponiéndose el ARCHIVO definitivo de los actuados, una vez sea consentida o ejecutoriada", resolvió el juez supremo, en la resolución 11 a la que tuvo acceso La República.
La resolución emitida por el juez supremo de investigación preparatoria fue notificada a las partes el 3 de octubre de 2024.
Es posible, que el procurador general del Estado insista en su solicitud y apele ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema para agotar la doble instancia, pero ya será una pérdida de tiempo y recursos que podrían emplearse mejor en perseguir otras causas donde hay un evidente delito.
Actualmente, la fiscalía investiga a la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides y sus colaboradores por supuestamente haber concertado ilícitamente con un grupo de congresistas para inhabilitar y perseguir penalmente a Zoraida Ávalos, con el objetivo de apartarla del Ministerio Público, para controlar la Junta de Fiscales Supremos.
En los hechos se ha establecido que el proceso penal contra Ávalos Rivera fue fabricado. El rechazó de la solicitud de reparación civil debería cerrar definitivamente dicha persecución.
