El aborto es un tema que polariza y está en el centro de los debates más acalorados. Pero la historia de la lucha de las mujeres peruanas por decidir sobre sus cuerpos no es reciente; lleva en el país más de 100 años.
La primera victoria, una de las más importantes y que, aunque resulte sorprendente, hoy se pone en entredicho, es el derecho de las mujeres a tener un aborto cuando el embarazo ponga en riesgo su vida o su salud. En el siglo pasado, nuestra sociedad ya entendía que la mujer no era un animal de reproducción, sino una persona con derechos, con un proyecto de vida que no podía interrumpirse abruptamente por mantener un embarazo.
En 1924, nuestro Código Penal dejó de sancionar el aborto terapéutico. El artículo 163 señaló expresamente que no era punible cuando era el medio para salvar la vida de la mujer gestante o para evitar un grave deterioro de su salud. Vuelvo a repetirles la fecha: 1924.
Cuando se aprobó el nuevo código penal en 1991, esta salvedad volvió a reconocerse. Al cerrar el siglo XX, teníamos claro que era un absurdo perseguir a un médico que aplicara un aborto o a una mujer que lo solicitara si su vida y su salud estaban en riesgo. Algo tan básico que sorprende que congresistas como el señor Muñante hoy no lo entiendan.
Sin embargo, este reconocimiento terminó siendo contingente. La pugna entre sectores progresistas y conservadores se fue dando de manera cotidiana, siendo muchas veces el azar lo que determinaba si se aplicaba o no un aborto terapéutico. No había una guía o protocolo explícito para su implementación
En el año 2001, el debate sobre el aborto terapéutico se reabrió, pero esta vez incorporando elementos adicionales a la valoración de los médicos. ¿Cómo entendemos la salud: solo como salud física o también como salud mental?
Una mujer de 17 años, que se conoce con las iniciales K. L., quedó embarazada. En uno de los controles regulares, se descubrió que el feto era anencefálico y que no podría mantener la vida una vez que naciera. Con esa información, K. L. solicitó el aborto terapéutico; era una tortura psicológica obligarla a mantener un embarazo y pasar por el proceso de un parto cuando el feto estaba condenado a morir en pocas horas. El Hospital Loayza le negó el aborto y, por si fuera poco, la obligaron a dar de lactar al recién nacido, que murió a las pocas horas.
Este caso llegó en 2002 al Comité de Derechos Humanos de la ONU. El comité señaló en 2005 lo que era evidente: que el Estado peruano había afectado la salud física y mental de K. L. al no aplicar el aborto terapéutico, y lo exhortó a aprobar medidas concretas para evitar que esta situación se repitiera.
Ese año se inició la elaboración de la “Guía técnica para el aborto terapéutico”. Sin embargo, la pugna de sectores conservadores en el país, enquistados en distintos espacios de poder, bloqueó su aprobación hasta 2014.
Para lograr esta aprobación, mucho tuvo que pasar. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) emitió un dictamen a favor de otra menor de edad, de una niña de 13 años conocida como L. C., a quien también se le negó un aborto terapéutico. Ella quedó embarazada luego de ser víctima de múltiples violaciones. La niña, que vivía en violencia física y sexual permanente, decidió intentar quitarse la vida. Quedó gravemente herida, pero no murió. Al llegar al hospital, se requería de una intervención urgente para salvar su columna y que pudiera seguir caminando. Pero no se hizo la operación porque provocaría un aborto.
El cuerpo de la niña no soportó el embarazo, lo que era evidente. El cuerpo de una niña de 13 años no está listo para los retos de una gestación, peor aún si ya estaba afectado. El aborto se produjo de manera espontánea y L. C. quedó parapléjica. El dictamen de este caso en CEDAW determinó que se había violado el derecho de L. C. a un aborto que protegiera su salud física y mental, e instó a que se evaluara la aprobación de la despenalización del aborto en casos de violación.
Sí, tenemos desde hace un siglo el derecho a un aborto terapéutico, pero recién hace una década contamos con un protocolo claro para su implementación.
En 2017, una niña indígena, Camila, solicitó un aborto terapéutico. Ella tuvo un embarazo luego de una violación y se lo negaron. Como ocurre con muchas niñas, su cuerpo no resistió y tuvo un aborto espontáneo. Pero, como había expresado su pedido de aplicación del protocolo, el Estado peruano, ese mismo que no la protegió cuando fue víctima de violación, la criminalizó. Este caso llegó al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y obtuvo un dictamen favorable, emitiéndose recomendaciones expresas para que esto no vuelva a ocurrir.
El año pasado, Mila, de 11 años, también víctima de violación, recibió una negativa del Hospital de Loreto para aplicar un aborto terapéutico. En este caso, una medida cautelar del propio Comité de Derechos del Niño permitió que la menor viajara a Lima para acceder a un aborto formalmente.
Muchas mujeres valientes, varias anónimas, siguen luchando firmemente para que al menos lo conseguido con el aborto terapéutico se respete en el país. Instituciones valiosas como el Movimiento Manuela Ramos, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, DEMUS y PROMSEX han sido incansables en esta lucha. A ellas, mi más sincero agradecimiento. Las mujeres hoy, nuestras niñas y las que vendrán, tendrán que seguir luchando, pero hay un camino recorrido que debemos conocer y valorar.
(*)Este artículo es posible gracias a la línea de tiempo trabajada por el Movimiento Manuela Ramos.
